El presidente Nicolás Maduro anunció su decisión de aumentar 50% el salario mínimo para todos los trabajadores, el tercero incremento en lo que va del año, en medio de una galopante inflación y protestas casi a diario en su contra.
Durante un acto televisado con partidarios, el gobernante indicó que a partir del 1 de julio se elevará el salario mínimo y las pensiones a 97.531 bolívares, unos 32 dólares al mes, de acuerdo al nuevo sistema de venta de divisas conocido como DICOM, que cerró la semana pasada en 2.970 bolívares. El salario previo era de 65.021 bolívares
Los dos aumentos anteriores fueron de 50% en enero y de 60% que entró en vigencia el 1 de mayo.
El incremento representa menos de 12,5 dólares, uno de los más bajos de la región, al tipo de cambio del mercado negro ampliamente utilizado debido a la falta de capacidad del gobierno para satisfacer la demanda. Sumado al bono de alimentación, el ingreso mínimo mensual se ubicó en 250.531 bolívares (unos 84,35 dólares).
Desde hace más de 14 años rige en el país un férreo control de cambios que en la actualidad consta de dos tasas oficiales: El sistema de divisas complementario flotante mediante subastas (DICOM) y el llamado Sistema Protegido de Divisas (DIPRO) de 10 bolívares por dólar, cuyo uso se destina en su mayoría a la compra de alimentos y medicinas del sector público.
El aumento se produce en momentos que en el país se registran protestas contra el gobierno casi a diario, en las que han muerto al menos 75 personas, así como cientos de detenidos y unos mil 400 heridos.
Los venezolanos enfrentan una severa crisis económica, altamente dependiente de las importaciones, con una inflación de tres dígitos y severos problemas de desabasto de alimentos, suministros médicos y otros productos básicos.
Maduro atribuye la espiral inflacionaria y la escasez de productos básicos a una «guerra económica» promovida por adversarios políticos y empresarios para desestabilizar su gobierno, pero los analistas aseguran que la debacle económica del país está estrechamente relacionada con el agotamiento de los sistemas de control de cambio y de precios, que han estado vigentes desde 2003.
«Denme la constituyente y le doy la victoria sobre los precios», exclamó el gobernante en alusión a la caída en barrena de la capacidad de compra de los venezolanos en los últimos tres años y a su llamado a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna.
Los críticos de Maduro creen que su iniciativa de activar el proceso para elegir a los miembros de una Asamblea Constituyente, previsto para el 30 de julio, sería un intento más del gobernante por consolidar su poder.
La oposición, que reclama la celebración de elecciones generales, ha tildado la convocatoria de la Asamblea de inconstitucional porque no se realizó un referéndum previó.
Maduro, por su parte, ha dicho que la Asamblea Constituyente es «el único camino para un diálogo de paz» que derrote a la violencia.
