El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata para todos y cada uno de los ayuntamientos nacionales:
a).- La no existencia de ninguna autoridad intermedia entre los ayuntamientos y los gobiernos estatales.
b).- El principio de la no reelección.
c).- La facultad de los congresos locales para suspender ayuntamientos, desaparecerlos y suspender o revocar mandato a cualquier integrante.
d).- La total autonomía para su manejo administrativo, hacendario propio y el federal.
e).- La responsabilidad de la introducción, mantenimiento, y ampliación de los servicios públicos: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines con su equipamiento, seguridad pública y tránsito.
Incluso en este campo de obligaciones constitucionales, las legislaturas locales pueden agregarles otras responsabilidades determinadas por las capacidades administrativas y financieras, así como también por la aparición de problemas que exigen solución. Tal sería el caso de asimilar cooperaciones indeclinables y urgentes para la metropolitanización vista como proceso y no como fenómeno.
f).- La capacidad para coordinarse con otros ayuntamientos.
g).- La facultad para el otorgamiento del uso de suelo, permisos de construcción y creación con administración de reservas ecológicas.
h).- Formulación: de planes de desarrollo urbano municipal, crear y administrar reservas territoriales, formular planes de desarrollo regional, formular y aplicar programas de transporte público de pasajeros y administrar y custodiar bajo convenios zonas federales.
La ausencia de cultura familiar, sobre la sustentabilidad. La carencia de educación ecológica general. La infecunda información educativa esencialmente de t.v. y radio, con el agregado de la ignorancia general, propiciada por un deficitario sistema educativo, ha generado que la sociedad nacional agreda permanentemente a todos y cada uno de los hábitats terrestres y marinos pertenecientes a nuestra Patria.
Todo esto se agrava por las decisiones políticas que casi siempre están sobre la normatividad existente, la perversión de esa misma normatividad, la conveniencia económica del funcionario, o la indolencia de los sancionadores.
La naturaleza en México, segundo a segundo, está sometida a las agresiones permanentes que los seres humanos en esta geografía diariamente le inferimos:
A).- Contaminamos sin ningún miramiento el agua, la tierra, y el aire. Ahí donde existen los organismos gestores supuestamente especializados en el manejo hídrico, no poseen sus miembros la educación ambiental necesaria para estos menesteres, ni la expertex técnica suficiente para descontaminar las aguas grises o las aguas negras, ni mucho menos la idea de que las aguas regeneradas puedan y deban ser conducidas hacia cuencas creadas exprofeso, o inyectadas hacia pozos de asimilación.
Otra mención sobre el uso hídrico es la carencia de aplicabilidad municipal de un ordenamiento que obligue a los gestores de construcción de cualquier tipo de vivienda, para que como empresa Socialmente Responsable, diseñe una conducción de las aguas grises domésticas hacia las zonas jardineadas.
B).- Respecto al uso irracional de la tierra, basta y sobra con que se mencione la nula aplicación de los planes de contención o expansión de las manchas urbanas.
Día con día el concreto va caminando hacia campos de cultivo, bosques, llanuras de pastos, o zonas de producción frutícola u hortícola en forma imparable, sin que hasta ahora los tres tipos de gobierno existentes puedan confabularse para crear ciudades horizontales e impedir la proliferación de ciudades chaparras devoradoras de espacios.
C).- El aire que respiramos en muchas partes es fétido, agresivo, causante de enfermedades incluso cancerígenas, debido a que los responsables de cuidarlo por corrupción estrictamente personal, o bien por decisiones políticas omiten sancionar como lo marca la ley a los transgresores de la normatividad.
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