Arabia Saudita detuvo a 11 príncipes y 38 ex ministros, incluyendo un multimillonario príncipe que tiene inversiones en el extranjero, como parte de una ofensiva anticorrupción.
Entre los detenidos está el multimillonario príncipe saudita Al Walid bin Talal bin Abdulaziz, primo del heredero al trono. Al Walid es uno de los hombres más ricos del mundo. El príncipe es dueño de parte de Twitter, Apple, la News Corporation, Citigroup, la cadena de hoteles Four Seasons y el servicio de transporte Lyft.
Es además accionista mayoritario de la cadena de canales de televisión árabes Rotana Group. Es conocido también por ser crítico de la situación en Arabia Saudita, particularmente al defender los derechos de las mujeres. El príncipe tiene 62 años, está divorciado y tiene dos hijos.
Actualmente ocupa el puesto 45 en la lista de mayores fortunas del mundo, según Forbes, Afectado a todos los valores en los que el príncipe tiene participaciones. La firma de inversiones Kingdom Holding, de su propiedad, se ha hundido un 9,9%.
Previamente se había informado que el rey Salman destituyó al príncipe que comandaba la Guardia Nacional, reemplazó al ministro de economía y anunció la creación de una nueva comisión anticorrupción.
Se informó que algunos de los señalados están detenidos en el Hotel Ritz-Carlton en Riad. Un funcionario de la realeza, Badr al-Asaker, pareció confirmar la información al escribir en Twitter que “hoy es una noche oscura para los corruptos”. El canal de noticias saudita Al-Arabiya, en tanto, reportó que todos fueron detenidos como parte de una investigación anticorrupción dirigida por el príncipe Mohamed bin Salman, designado para dirigir la nueva comisión.
Oficialmente, se informó que se investigan las inundaciones que afectaron a la ciudad de Yida en el 2009 y la respuesta a un brote de una enfermedad respiratoria que ha dejado varios muertos en Arabia Saudita en los últimos años.
Entretanto, el principal consejo de clérigos islámicos del reino emitió un comunicado afirmando que es un deber religioso luchar contra la corrupción, dando así su apoyo a los arrestos anunciados. Mientras, el gobierno avisó que la nueva entidad anticorrupción tendrá autoridad para emitir órdenes de arresto, prohibir la salida del país y congelar cuentas bancarias.
Podrá también rastrear fondos, evitar la transferencia de fondos y evitar la liquidación de bienes y tomar otras medidas cautelares hasta que un caso sea remitido a los tribunales.
