A través de siete amparos colectivos que promovieron 43 mil maestros de la Sección 22, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) mostró su rechazo hacia la Ley de Seguridad Interior que promulgó en diciembre de 2017 el presidente Enrique Peña Nieto.
La representante del cuerpo jurídico de la Sección 22, Danae Echeverría Clavel, los amparos se promueven bajo el argumento de que esta Ley viola los derechos humanos porque intenta persuadir en el ejercicio de éstos.
Entre los derechos que pueden ser presuntamente violados mencionó “el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas porque faculta al Ejército a intervenir medios de comunicación personales para obtener información privada”.
Finalmente, Echeverría señaló que de acuerdo a la Constitución el Congreso de la Unión no está facultado para legislar sobre seguridad interior.
