Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera una recomendación a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz por irregularidades de funcionarios en la investigación de la desaparición de una activista, la dependencia recalcó que se trató de la anterior administración.
“En su Recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que las autoridades ministeriales que durante la anterior administración de la Fiscalía General del Estado, iniciaron la investigación sobre los hechos en marzo de 2016, omitieron realizar diversas diligencias establecidas en el Acuerdo 25/2011, que en ese momento establecía las diligencias básicas a realizar en casos de personas desaparecidas, así como también omitieron realizar una búsqueda inmediata al momento de recibir la denuncia sobre los hechos”, apuntó la institución dirigida por Jorge Winckler Ortiz a través de un comunicado.
“La Recomendación señala que no se obtuvo información que debe ser obtenida inmediatamente, como las imágenes de cámaras de video vigilancia y de casetas, pues éstas se eliminan de manera automática si no son solicitadas en el momento oportuno”, detalló.
También establece que en su momento no se profundizó en la línea de investigación que deriva del activismo social de la persona desaparecida, “pues no se indagó sobre los casos a los que ésta daba seguimiento, como potencial móvil de la agresión”.
De acuerdo con el documento, el Fiscal General determinó aceptar la recomendación de la CNDH, pues “es reflejo de las omisiones y falta de debida diligencia en las investigaciones que caracterizó a la anterior administración”.
Finalmente, resaltó que la Fiscalía de Veracruz es la que “ha obtenido más órdenes de aprehensión en todo el país por el delito de desaparición forzada de personas, y la primera en hacerlo bajo el marco de la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, habiendo obtenido, tan solo en el primer trimestre del 2018, órdenes en contra de 40 ex servidores públicos por su probable responsabilidad en la comisión de desapariciones forzadas de personas (sic)”.
