A dos meses de la cita con las urnas, los focos rojos de los grandes empresarios pasaron del ámbar al rojo. Su plan “A” hasta hace unos días, Meade, no logró levantar en el primer mes de campaña y, a juzgar por los sondeos recientes, el cálculo prevaleciente es que su repunte es en extremo complejo, por no decir imposible.
Por su parte, el plan “B” empresarial, Anaya, si bien luce con mejores posibilidades, necesita de dos condiciones igualmente complejas para poder prosperar: un acuerdo exprés con la élite presidencial y una operación cicatriz con los miembros de la militancia promedio, hasta ahora agraviados por la beligerancia del candidato panista.
El temor de los señores del dinero de que AMLO gane la partida es tan grande que el recato pasó a segundo lugar. En una reunión reciente del Consejo de Administración de City Banamex, sin rubor alguno, sus prominentes miembros cuestionaron al presidente del INE, Lorenzo Córdova, sobre la factibilidad de la figura de la declinación de alguno de los candidatos.
Al buen entendedor, pocas palabras. La versión inversa del Robin Hood, el guardián de los intereses del gran empresariado frente a la amenaza “populista” (cualquier cosa sea lo que ello signifique), tiene desde ahora nombre y apellido: Ricardo Anaya.
Más que un escenario circunstancial, se trata de un escenario estratégico en el que Jorge Castañeda, un personaje ligado a las élites financieras y a la élite prianista, ha venido trabajando desde semanas atrás. La cuestión es tan clara para Anaya que ya hizo pública su disposición a llegar a un acuerdo con quien tenga que acordar para superar el desafío que les plantea AMLO
Al cierre del primer mes de la campaña, son claros los síntomas de que los banqueros, como en general los grandes empresarios en el país, ya optaron por dejar atrás el rol de ver los toros desde la barrera, ejercer presión para forzar una “coalición de facto” e incluso, cual luchadores rudos, subirse al ring para golpear al candidato indeseable.
Atrás quedaron las semanas de restringirse a bombardear el espacio mediático con mensajes que dan por hecho las efectos económicamente desastrosos de un eventual triunfo del candidato opositor, por ejemplo, la fuga masiva de capitales y la devaluación del peso, para reeditar el modelo de intervención directa practicado durante el 2006, consistente en financiar con dinero propio actos de propaganda política, disfrazados de promoción cívica y amparados en el ejercicio de la libertad de expresión.
En respuesta directa a dichas amenazas, desde el ala más radical de Morena, Paco Ignacio Taibo II, acusó recibo de la beligerancia empresarial y lanzó el exhorto público a AMLO de considerar la opción de privatización como estrategia de neutralización de los afanes belicosos o poco cooperativos de los empresarios.
Lo menos relevante a este respecto fueron las muestras generalizadas de rechazo de los representantes mediáticos oficiosos, los competidores de AMLO e incluso de miembros del ala moderada de Morena, sino la poca atención prestada por los analistas al avance de las tendencias de polarización de la sociedad mexicana, que amenazan con hacer insostenibles los resultados electorales e impactar en la ya de por sí precaria gobernabilidad del sistema político.
En el peor sentido descalificador, los partidarios del ala radical de la derecha endilgan a sus opositores el epíteto de “populistas”, como si no fuese claro que su molestia no es en general contra la intervención del Estado en la economía, sino sólo con la intervención que no embona directamente con los intereses empresariales.
En tal escenario, actos de conversión de deuda privada en pública, como el Fobaproa o del uso de los fondos de pensión para financiar negocios privados, tales como el rescate de quiebra de ICA o de construcción del nuevo aeropuerto, aparecen a su mirada como actos intachables de responsabilidad y racionalidad económica; mientras que actos orientados a solventar carencias o atemperar desigualdades sociales ameritan en su singular tanteómetro el mote de “populistas”.
La tentativa de difundir la serie intitulada “El populismo en América Latina” se inscribe en el contexto de polarización de la sociedad mexicana, que avanza y se profundiza de cara a la jornada comicial. Se trata, sin duda, de un acto poco afortunado no sólo por el momento particular en que sucede, sino porque implica la posible materialización de la hipótesis de uso de dinero privado con fines o consecuencias propagandísticas, explícitamente proscritas por la ley electoral vigente.
Lo que está por venir es un enigma. La élite empresarial, si es que tiene los arrestos para no sucumbir a sus temores de pérdida de las ventajas plutocráticas de las que ha gozado, colocada como está en el centro del debate y la mirada pública, está colocada frente al dilema de intervenir ilegal e ilegítimamente en la contienda electoral, a costos elevados incluso en el improbable escenario de hacer ganar a su favorito; o bien, contener sus afanes protagónicos, al costo de elevar los riesgos de la derrota electoral pero con la ganancia de abonar a la gobernabilidad del sistema política y obtener mejores condiciones de negociación con el eventual gobierno.
El peor escenario en este momento sería la insistencia de los empresarios y opositores en achacar al líder opositor la responsabilidad por la polarización y desconocer las causas estructurales que han prohijado la fractura entre quienes apuestan por la continuidad del arreglo neoliberal prianista y quienes apuestan por la ruptura con el status quo.
Lo menos esperable en los defensores del régimen en este momento son las consideraciones de largo plazo y la generosidad de anteponer al interés propio el interés nacional. Lo cierto es que el horno no está para bollos, que el alineamiento del PRI y el PAN abonaría a favor de la narrativa de la mafia del poder y que forzar mañosamente el escenario de una elección cerrada no sería una buena idea, teniendo en cuenta el descrédito de las instituciones electorales.
*Analista político
@franbedolla
