Los líderes políticos del principal estado productor de heroína de México planean exhortar al gobierno federal para que legalice la producción de opio para uso farmacéutico, con la esperanza de reducir la violencia y ayudar a los agricultores locales.
Los legisladores del estado de Guerrero, en el sur de México, votaron el viernes a favor de enviar una iniciativa al Senado federal para que la someta a debate, ya que la propuesta de legitimar la producción de opio requeriría cambios en los códigos federales, tanto penal como de salud.
La próxima secretaria de Gobernación (Interior), Olga Sánchez, ha expresado su apoyo a la legalización del opio para fines médicos a nivel nacional una vez que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador asuma el cargo en diciembre.
En el estado montañoso de Guerrero, en la costa del Pacífico, se produce la mayor parte de las plantas de amapola de donde se obtiene la heroína que se consume en Estados Unidos.
El diputado del estado de Guerrero Ricardo Mejía dijo que unas 120.000 personas cultivan amapola en comunidades pobres y aisladas de todo el estado. Argumenta que establecer una vía legal para vender la savia pegajosa que se extrae del bulbo de la amapola podría ofrecer a los agricultores ingresos más estables.
Naciones Unidas estima que México tiene la tercera área geográfica más grande del mundo dedicada al cultivo ilícito de opio, después de Afganistán y Myanmar. Sin embargo, los opioides por receta están fuertemente restringidos para los pacientes de cáncer y los enfermos terminales en México.
“Proponemos un cambio de paradigma”, dijo Mejía.
Las organizaciones criminales controlan el acceso a los campos de amapolas escondidos en lo alto de las montañas escabrosas de la Sierra Madre en Guerrero, a más de cinco horas en auto por caminos de tierra irregulares desde la capital del estado, Chilpancingo, o del cercano puerto de Acapulco.
En las últimas décadas, los campesinos de subsistencia han sido presionados, bajo amenaza de violencia, para que siembren amapola en lugar de cultivos legales, como café o mango.
Mejía considera la producción forzada de amapola como una forma de esclavitud.
“Pueden recuperar su libertad a través del cultivo lícito de amapola”, afirmó. “Ahorita los grupos delictivos tienen una base social porque controlan la única actividad económica de la gente”.
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, ha planteado la idea de despenalizar el cultivo de la amapola desde 2016 para combatir la violencia relacionada con el narcotráfico. Guerrero tiene una de las tasas de homicidio más altas de México, con 71 por cada 100.000 habitantes el año pasado.
Las exuberantes colinas verdes de Guerrero son ideales para el cultivo de amapola. Las montañas protegen a la delicada planta de los vientos fuertes, mientras que las altas elevaciones y un clima árido evitan que la humedad absorba su preciosa savia.
En la cosecha, los cultivadores hacen pequeñas incisiones en los bulbos, que liberan una savia con un alto contenido de morfina. Con la savia se forma una pasta que luego se envía a laboratorios clandestinos para su procesamiento en heroína.
Sin embargo, esta industria lucrativa está bajo amenaza. El vocero de seguridad de Guerrero, Roberto Álvarez, dice que el aumento en el consumo de opioides sintéticos como el fentanilo en Estados Unidos ha causado que los precios de la pasta de opio mexicana se desplomen en el mercado negro a apenas 263 dólares por kilo, casi una cuarta parte de los más de 1.000 dólares por kilo en los que se cotizaba hace un año.
Las organizaciones delictivas han compensado los ingresos perdidos aumentando las extorsiones, los robos de vehículos y los secuestros en Guerrero, mientras que los campesinos de subsistencia luchan por sobrevivir.
“Los campesinos se quedan en situación de crisis”, afirmó Álvarez. “La goma de opio fue muy buen ingreso, dio para comprar una tele o un carrito y subsistir. Ya no es viable”.
