El exdirector del Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco, Luis Octavio Cotero Bernal, se deslindó del traslado de 157 cadáveres en una caja de tráiler, pues aseguró que las disposición de cuerpos no identificados corresponde al Ministerio Público.

Además, el exfuncionario señaló que la Fiscalía tomó desde hace dos años la decisión de rentar el vehículo ante la saturación del Servicio de Medicina Forense (Semefo), pues este trabaja al 200 por ciento de su capacidad.

En entrevista para Imagen Radio, Cotero Bernal acusó que su destitución fue un “instrumento para engañar a la sociedad”, porque no tiene responsabilidad, facultades, ni presupuesto para disponer de los cadáveres o trasladarlos.

Así con esa vehemencia con que se pronunció el gobernador (Aristóteles Sandoval) de que no se cumplió el protocolo en el manejo de los cadáveres; en principio, ni sabe cuál es el protocolo.

Con esa vehemencia debía estar buscando a mi hija y a tantos desaparecidos en Jalisco”, dijo.

Asimismo, señaló los retrasos en la instalación de un cementerio forense, el cual se ubicaría en el municipio de Tonalá.

De cuatro años para acá se vinieron acumulando los cuerpos, pero la crisis, desde hace 2 años. No se tuvo la precaución de construirse un cementerio forense”, afirmó.

Respecto al tráiler con los 157 cuerpos, el funcionario aseguró consideró que se trata de una muestra de ineficiencia del Semefo; no obstante, los conflictos con habitantes de las zonas donde el vehículo llegaba complicaron su manejo.

No sé de quién es la bodega, ni quién la renta. No tengo más información porque yo no lo contraté, el tráiler yo no lo pago. El tráiler está en movimiento porque se trata de atender los reclamos de la gente, porque no acepta tenerlo en ninguna parte.

La Fiscalía tiene la problemática a tal grado que, donde se construía un cementerio forense, la gente se opuso y se suspendió la obra”, comentó.

El extitular del Semefo de Jalisco detalló que la única labor del instituto es la identificación por vía odontológica, genética, por fotografías y huellas digitales; información que se entrega a la Fiscalía para cuando el cuerpo sea reclamado para la confronta correspondiente.