El memorándum con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca derogar la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto provocó que diversos actores políticos señalaran el documento como una transgresión a las leyes.
#Nación 👋🏻😉 | Se acabó la «mal llamada» Reforma Educativa de Peña; AMLO firma documento para cancelarla 👉 https://t.co/o9wKOyDL56 pic.twitter.com/u0EwQgUHyQ
— Periódico Síntesis (@sintesisweb) 16 de abril de 2019
Por ejemplo, el exmandatario Felipe Calderón aseguró que “El Presidente de la República está obligado a ‘Cumplir y hacer cumplir la Constitución’ no puede derogarla por decreto (sic)” a través de su cuenta de Twitter.
La Constitución y la ley sólo puede modificarse o abrogarse en alguna de sus partes mediante el procedimiento que las propias Constitución y Ley establecen. El Presidente de la República está obligado a “Cumplir y hacer cumplir la Constitución” no puede derogarla por decreto.
— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 16 de abril de 2019
A su vez, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, consideró que es una medida ilegítima y una “violación sistemática de la ley”.
El Presidente @lopezobrador_ ordena en un Memorándum a @M_OlgaSCordero, @emoctezumab y @CarlosUrzuaSHCP que no apliquen las leyes educativas, “en tanto se logran acuerdos” en el Legislativo. Abrogación ilegítima y violación sistemática de la ley, violentan el Estado de Derecho. pic.twitter.com/aEAh46BDsC
— Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) 16 de abril de 2019
Asimismo, senadores del Partido de Acción Nacional (PAN) acusaron a través de un comunicado que el memorándum es una decisión unilateral y autoritaria que “viola flagrantemente” la Ley.
Los @SenadoresdelPAN condenamos decisión unilateral y autoritaria del Presidente para dejar sin efecto #ReformaEducativa
https://t.co/JRCWg2m4aQ— Víctor Fuentes (@VictorFuentesNL) 16 de abril de 2019
¿Qué dice el documento?
En el memorándum, López Obrador pide a la Secretaría de Educación Pública (SEP) garantizar que la educación sea obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad, en tanto se alcanza un consenso entre el Congreso de la Unión, los trabajadores de la educación y la sociedad.
Además, la dependencia administrará las plazas magisteriales para evitar que se trafique con ellas, garantizar la contratación de maestros egresados de escuelas normales públicas y reinstalar a los docentes cesados por las “evaluaciones punitivas”.
A Hacienda (SHCP), le pide que tome el control de la nómina del sector educativo y que impida “prácticas patrimonialistas, ‘aviadores’ y cualquier otra forma de corrupción”.
Mientras que a la Secretaría de Gobernación (Segob) realizará las dirigencias y acciones necesarias para poner en libertad a maestros y luchadores sociales que aún estén presos “por haberse opuesto a la reforma educativa”, e indemnizar a familiares de quienes perdieron la vida combatiéndola.
