La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó una investigación internacional sobre las graves violaciones ocurridas durante las recientes protestas en Bolivia que derivaron en la muerte de 35 personas.
En un informe preliminar tras su vista al país, la CIDH manifestó su “condena a las masacres de Sacaba y Senkata, en las que se habrían cometido graves violaciones de los derechos humanos”.
En ambas localidades murieron 18 seguidores del expresidente Evo Morales, la mayoría por disparos de armas de fuego.
Poco después el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, calificó de sesgado y unilateral el informe y prometió presentar pruebas.
“Este informe favorece el narcoterrorismo”, mencionó en referencia a muertes que pudieron ser provocadas por infiltrados con la supuesta intención de culpar al gobierno.
La autoridad también dijo que le extrañaba la rapidez del informe y reclamó a la CIDH por no investigar las casi 100 muertes ocurridas durante el gobierno de Morales.
La CIDH también recomendó al gobierno “adoptar medidas para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia y desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido violencia contra la población civil, del bando que sean”.
Asimismo, el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió “entregar los salvoconductos a las personas asiladas en las embajadas de México y de Argentina”, para que puedan ejercer su derecho al asilo y refugio.
Según el gobierno de Bolivia, 25 personas están en la embajada de México en La Paz a la espera de ese documento, entre ellos el exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, contra quien el gobierno inició una demanda penal por sedición y terrorismo.
Morales enfrenta otra acusación similar. El gobierno acusa al exmandatario de alentar la convulsión.
Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre cercado por las protestas en rechazo al fraude electoral que realizó para reelegirse a un cuarto mandato en los comicios del 20 de octubre. Tras su dimisión sus partidarios emprendieron violentas protestas, sobre todo en La Paz y Cochabamba.
Una auditoria internacional de la OEA estableció que en los comicios hubo “manipulación dolosa” de los resultados. Las autoridades electorales afrontan un juicio penal por esa causa.
