Los ejes que garantizan la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la República (FGR), creada para reemplazar a la Procuraduría General de la República (PGR) en diciembre de 2018, están «siendo incumplidos» por su titular, Alejandro Gertz, designado hace un año, denunció este miércoles el informe «¿1 año de justicia y autonomía de la FGR?» elaborado por cinco organizaciones civiles.
A esto se suman «preocupantes indicios» de «una perjudicial cercanía» entre el fiscal general y el presidente Andrés López, concluyó el reporte, en el que también participaron especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
«(Esto) vulnera no solo la autonomía y real independencia de la FGR, y con ello la clave de la legitimidad más aún en este proceso de implementación de la nueva Fiscalía, sino también el real control interinstitucional y la acción fiscal sin miramientos particulares» advirtió el documento.
Sin embargo, como argumentó el reporte, desde el nombramiento de Gertz, en enero de 2019, la FGR ha afrontado cuestionamientos tanto por los procesos de designación del propio fiscal general como por los fiscales especializados en anticorrupción y derechos humanos, acusado de no ser elegidos por los criterios de mérito, transparencia e independencia política.
«En la práctica, en la FGR está dándose una interpretación errónea de la autonomía. La autonomía no significa aislarse, no colaborar con otras instituciones, no rendir cuentas, no tener contacto con las familias de las víctimas y sobre todo, no cumplir con su propia ley«, aseveró el texto.
Aunque los investigadores reconocieron que la PGR «se encontraba ya en crisis» con resultados «muy limitados» en términos de casos resueltos, las agrupaciones consideraron que «queda un camino largo» para construir una institución de justicia «que funcione efectivamente«.
La publicación de este informe coincide con la presentación este miércoles de nueve iniciativas de la FGR y el gobierno federal para reformar el Código Penal, la Constitución y otras leyes de seguridad.
Agrupaciones civiles criticaron estas propuestas al argumentar que vulneran el principio de presunción de inocencia porque amplían la capacidad de ordenar detenciones urgentes, solicitar arraigos y presumir la culpabilidad de una persona si no acepta peritajes de la autoridad.
