La Cámara de Diputados inició este jueves un juicio político que el Senado deberá concluir para inhabilitar a la extitular de Sedesol y Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, que se encuentra en prisión preventiva acusada de corrupción.
Con 271 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la coalición gubernamental, liderada por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aprobó iniciar un juicio político contra Robles por «actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales«.
Una comisión de diputados deberá acudir al Senado para defender esta acusación y los senadores serán quienes decidan sobre la eventual inhabilitación de Robles para ejercer cargos públicos.
Robles, en prisión preventiva desde agosto de 2019, anunció a través de Twitter que no acudiría a defenderse en el inicio de su juicio en la cámara baja dado que fue notificada con menos de 24 horas de antelación.
«Esta es la crónica de una sentencia anunciada que se realiza para distraer de los grandes problemas nacionales«, dijo la exfuncionaria, quien ha denunciado varias veces irregularidades por no poder afrontar con garantías y en libertad su proceso judicial.
En representación de Robles acudió a la cámara su abogado Alberto Sánchez, quien denunció que «en este procedimiento se ha visto una saña inaudita en contra de su persona, pasando por encima de sus derechos constitucionales«.
La diputada de Morena, Tatiana Clouthier, encargada de la acusación, respondió que «no se le está violando el derecho a una mujer, sino que se le han violado los derechos a millones de mexicanas cuando se les quitó su recurso público«.
Aunque la mayoría de diputados de la oposición no acudió a la sesión y no participó en la votación, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Anilú Ingram defendió a Robles y recordó a los diputados de Morena que «los carniceros de hoy serán las reses del mañana«.
El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, crítico con su grupo parlamentario y el gobierno de Andrés López, dijo a través de Twitter que está sesión fue «innecesaria» dado que Robles «tiene un proceso penal en curso por lo que está presa y ya fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública«.
Robles, secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, está acusada de permitir el desvío de fondos públicos por unos 255.6 millones de dólares en el caso conocido como La Estafa Maestra.
Según una investigación periodística, varias secretarías del gobierno de Peña Nieto habrían hecho desaparecer recursos por 403 millones de dólares en 2013 y 2014, a través de una triangulación con universidades públicas y empresas fantasma.
