La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, señaló que busca una reforma constitucional para que las recomendaciones que emita este organismo, sean vinculantes y este pase a ser la “Procuraduría de los pobres”.

En un pronunciamiento con motivo de los 30 años de este organismo autónomo nacional, para justificar su propuesta, Piedra Ibarra, se remitió al año de 1947, cuando se aprobó “la propuesta humanista de Ponciano Arriaga para crear la Procuraduría de Pobres, que tenía el propósito de proteger a los pobres”.

Aseguró aquella propuesta tenía el objetivo de proteger a los pobres, ya que contaba con una “clara visión de la sociedad en la que interactuaba, le permitía advertir que una clase de la sociedad era maltratada por sus autoridades, le persiguen, le estafa y le oprime, y no hay quien se ocupe de ellos, no hay quien se presente en su nombre a pedir reparación o a proteger sus derechos”.

El objetivo, dijo, es defender a las clases más vulnerables del país, “ante los abusos, excesos, agravios, vejación y maltratos cometidos por alguna autoridad”.

Por lo ello, Piedra expuso que, a través de una reforma Constitucional al artículo 102, apartado B, de nuestra Carta Magna, solicitará que las recomendaciones de la CNDH sean vinculantes, para que las autoridades las acaten y reparen las consecuencias de sus actos.

Esa es la tradición del Defensor del Pueblo en nuestro país, y la que hemos de reivindicar ahora, a 30 años del nacimiento de la CNDH y del agotamiento de su modelo de operación. Fracaso evidente en el enorme costo que ha representado para el pueblo, y los escasos resultados logrados, algo que no decimos nosotros, sino que han documentado infinidad de ONG’ s y organismos tanto nacionales como internacionales.

Entonces, una parte de la lucha es lograr que las recomendaciones tengan carácter vinculante, que las autoridades las acaten y reparen el daño consecuencia de sus actos, tener sobre todo mayor incidencia en las políticas públicas. Reducir los gastos de la comisión, optimizar los recursos, y centrarnos en lo que nos corresponde hacer: atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a quienes están en riesgo de serlo”, aseguró.