La bancada del Partido Morena presentó el pasado 8 de julio en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley para modificar las relaciones entre arrendadores e inquilinos con el fin de garantizar la vivienda ante la crisis económica por la pandemia de covid-19, la cual sin embargo ha despertado polémica por quienes acusan que podría vulnerar la propiedad privada.

La iniciativa fue impulsada por las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y Valentina Valia Batres Guadarrama, del grupo parlamentario de Morena, a petición de organizaciones sociales, civiles y activistas en derecho a la vivienda.

Aunque aún se trata de un proyecto no de una ley, la cual contempla cambios y adhesiones al Código Civil, diputados opositores han llamado a la iniciativa como “Ley contra la Propiedad Privada”.

No obstante, su nombre es “Proyecto de decreto por que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia de arrendamiento para garantizar el derecho a la vivienda frente a la pandemia”.

La iniciativa puede ser consultada públicamente en la sección del congreso de la CDMX hasta el 18 de julio como parte del proceso para que la ciudadanía conozca las propuesta de sus representantes en el congreso.

Entre sus objetivos se encuentra, que en contextos excepcionales como la pandemia actual, el inquilino pueda solicitar a su arrendador un arreglo o negociación para ajustar el contrato por voluntad mutua.

Además, propone que, en caso de desalojos, estos se realicen en presencia de personal que brinde asistencia psicosocial o de otro carácter.

Sin embargo, legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), acusa que la propuesta de Morena vulnera los derechos de la propiedad privada, ya que, afirman, se pone en riesgo a arrendadores que podrían quedarse sin recibir el pago de la renta de su vivienda.

Entre sus críticas, también destaca una presunta omisión de responsabilidades a las autoridades capitalinas para garantizar una vivienda digna a la ciudadanía; además de que, en caso de una ausencia de contrato escrito, no se podrá desalojar al inquilino pese a incumplimiento de pago.

Dichos puntos, afirman los partidos de oposición, pondrían en desventaja a todos aquellos que quieren poner en renta su propiedad.

La iniciativa es consultable en este enlace.