La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, puede ser sometido a juicio político federal por usar recursos públicos para impulsar su candidatura independiente a la presidencia en 2018.
Por 3 votos contra 2, la Primera Sala de la Corte invalidó este miércoles el procedimiento creado para cumplir la orden dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual preveía una «sanción light».
Pero la Corte no eliminó el problema de El Bronco, sino que aclaró que la sanción en su contra debe ser la prevista en el sistema de responsabilidades políticas de la Constitución.
“El procedimiento de responsabilidades en contra del Titular de Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León debió de haber comenzado por la acusación respectiva de la Cámara de Diputados y, posteriormente, por la resolución declarativa de la Cámara de Senadores. Ausentes estos elementos, el Congreso local no estaba en condiciones para emitir el Acuerdo que contiene las reglas procesales para sancionar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado”, establece la sentencia.
La SCJN determinó que sigue vigente la facultad del Congreso local para ejecutar el fallo del TEPJF, pero sujeto a los lineamientos de la Corte.
“Se deja a salvo esa facultad para que, de estimarlo oportuno, el Congreso local regularice el proceso de atribución de responsabilidades que ordenó la Sala Regional Especializada del TEPJF, bajo los lineamientos expresados en esta resolución, tomando como base el sistema de responsabilidad política”, señaló.
Los ministros determinaron que el caso es federal, porque “El Bronco” incurrió en irregularidades cuando aspiraba a una candidatura federal.
Los ministros Alfredo Gutiérrez y Jorge Pardo votaron a favor de la nueva versión del proyecto del magistrado Juan Luis González Alcántara, mientras que Margarita Ríos-Farjat y Norma Piña insistieron en que la controversia era improcedente.
Rodríguez dejará la gubernatura en octubre de 2021, por lo que su periodo podría concluir antes de que culmine el trámite de un eventual juicio político en su contra.
