La gestión de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la Ciudad de México estaría bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues el organismo habría iniciado una indagatoria por el manejo de recursos irregulares durante su administración.
Además, una de las principales líneas de investigación tiene relación con operaciones financieras entre funcionarios del gobierno de la capital y directivos de empresas del sector inmobiliario, informó una fuente cercana a la pesquisa que estaría realizando la unidad liderada por Santiago Nieto Castillo al diario El Universal.
Uno de los personajes que destacarían entre las investigaciones de la UIF es Miguel Ángel Vásquez, quien fungió como operador financiero del ex jefe de gobierno y actualmente está acusado de delitos cometidos por servidores públicos y uso indebido de atribuciones, por los cuales fue vinculado a proceso desde el mes de marzo.
Las conexiones entre los ex funcionarios de la pasada administración y representantes de compañías de la construcción serían la razón por la cual la gestión de Claudia Sheinbaum habría cancelado todos los permisos a las empresas de este sector durante el primer año de su gobierno en la capital.
La misma mandataria capitalina confirmó que se reúne periódicamente con el titular de la UIF para tratar estos temas. Incluso detalló que la Unidad se encuentra investigando las irregularidades respecto al mal manejo de recursos en la anterior, por las cuales también se interpondría denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Por su parte, Mancera, quien actualmente es senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), indica que está tranquilo de la investigación que ha emprendido la UIF a funcionarios de su gestión, además de que estará atento a los requerimientos de las autoridades federales para colaborar con ellas.
La Secretaría informó que como resultado de las denuncias presentadas, se han iniciado 24 carpetas de investigación en contra de 27 ex servidores públicos, de los cuales cinco ya han sido detenidos y cinco más cuentan con órdenes de aprehensión pendientes de ejecución.
