María de los Ángeles Pineda Villa enfrentará un par de audiencias que definirán si permanece en el penal femenil de Amacuzac, en Morelos.

El juez federal Enrique Vázquez Pérez tomó, de nueva cuenta, la declaración preparatoria a Pineda Villa como parte del caso que se le sigue por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por la compra de 31 inmuebles.

Respecto al primer ilícito imputado a ambos es por presuntamente tener nexos con el crimen organizado en particular en la banda delincuencial Guerreros Unidos, aunque sin ninguna relación con la noche de Iguala ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

En esta audiencia, realizada a través de videoconferencia, también se darán a conocer los nombres de los testigos protegidos, llamados «Mateo» y «X», quienes fueron utilizados por el Ministerio Público de la Federación en este caso.

Por otros procesos se conoce que el primero podría referirse a Sergio Enrique Villareal Barragán, El Grande, operador de la organización criminal de los Beltrán Leyva, y quien fue extraditado en 2012 a Estados Unidos, donde se convirtió en testigo protegido.

El otro testigo protegido de la ahora Fiscalía General de la República y que declaró en contra del matrimonio, con nombre clave “X”, se trataría de Eynar Rodrigo Lozano Mendoza, quien colaboró con el cártel de Sinaloa.

Fue esta situación, el no dar a conocer los nombres de este par de testigos protegidos, lo que provocó que el Tercer Tribunal Colegiado Penal, con sede en Toluca, Estado de México, otorgara un amparo a Abarca y su esposa, que derivó en ordenar se repusiera el proceso en contra de ambos.

En la audiencia de este martes, la defensa de la esposa del ex edil de Iguala solicitará la duplicidad del término, por lo que entre jueves y viernes se reanudará la misma, según estimó Luis Argüelles, abogado de ambos.

En esa audiencia, el juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales determinará si hay elementos para sujetar a proceso a Pineda Villa, en caso contrario será puesta en libertad, luego de pasar casi seis años en prisión, tras su detención en 2014, junto con Abarca, en un inmueble en la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México.

En el caso del ex presidente municipal de Iguala, quien tiene su salud deteriorada incluso con padecimientos por cáncer, todavía no hay fecha para su audiencia, aunque el abogado Luis Argüelles estimó que para diciembre se podría resolver su situación jurídica.

Tanto Abarca como su esposa han librado ya tres juicios más, y éste es el único que los mantiene en prisión, en el caso del ex edil está internado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.