El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, presentó el proyecto de resolución donde propone declarar inconstitucional la solicitud para realizar una consulta «popular» en la que se pregunte si se debe o no juzgar a los expresidentes.
Proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la consulta popular 1/2020, que será discutido en la sesión de 1 de octubre.
— Suprema Corte (@SCJN) September 24, 2020
En el proyecto de resolución publicado este jueves por la Corte, el ministro señaló que la materia de la consulta conlleva una restricción en los derechos humanos de los ciudadanos.
“El objeto de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad”, señala el documento.
Asimismo, indicó que la solicitud es un “un concierto de inconstitucionalidades”, “si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular”.
El documento estableció además que no puede someterse a la voluntad popular decisiones que en cualquier sentido impliquen una restricción de los derechos humanos ni de sus garantías de protección, por lo que la solicitud del ejecutivo “advierte por las múltiples violaciones constitucionales que aun en forma individual son suficientes para sostener la inconstitucionalidad del objeto de la consulta popular pretendida”.
En caso de acreditarse un sanción penal o administrativa a los expresidentes mencionados, el magistrado dijo que esto “escapa a la opinión y consulta de la ciudadanía mexicana, debido a que en atención al derecho de acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas, ofendidos y a las posibles víctimas indirectas de esos supuestos delitos”.
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“Las autoridades del estado mexicano se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona”, se asentó.
