Las invasiones a tierras indígenas en Brasil aumentaron un 134,9 % en 2019, primer año en el poder del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, según un informe divulgado este miércoles, que denuncia la reiterada omisión del Estado en la protección de los pueblos originarios.

De acuerdo con el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), el año pasado se registraron 256 casos de invasiones relacionadas con la explotación ilegal de los recursos naturales, posesión de tierras y daños al patrimonio en al menos 151 tierras indígenas del país.

Esa cifra representa un incremento de más del doble con respecto a 2018, último año del Gobierno de Michel Temer, cuando se notificaron 109, de acuerdo con el estudio.

Al menos 143 pueblos indígenas sufrieron invasiones ilegales en sus tierras, en 23 de los 27 estados de Brasil.

“Los datos describen una tragedia sin precedentes en el país: las tierras indígenas están siendo invadidas de forma ostensible y diseminada de norte a sur”, indicó el Cimi, un organismo vinculado a la Iglesia católica, en el reporte.

En este marco, la entidad alertó de una “ofensiva” por parte de garimpeiros, madereros, usurpadores de tierras y hacendados en áreas indígenas, especialmente en los estados amazónicos de Acre, Amazonas, Rondonia, Roraima, Maranhao, Pará y Mato Grosso.

El más afectado por este tipo de acciones ilegales fue el estado de Amazonas, fronterizo con Colombia, Perú y Venezuela, con 56 invasiones, varias de ellas en el Vale do Javari, donde se concentra el mayor número de indígenas no contactados del mundo.

También preocupa la situación de la reserva de Arariboia, de la etnia Guajajara, acosados desde hace años por madereros y donde el último año han sido asesinados varios de sus líderes, entre ellos Paulo Paulino Guajajara, miembro de los llamados “guardianes del bosque”, un crimen que tuvo una gran repercusión internacional.

Ese crecimiento de las invasiones en 2019 está relacionado, según el Cimi, con la “expresiva disminución de las acciones de fiscalización” de órganos oficiales como el Instituto Brasileño del Medioambiente (Ibama) y el Instituto Chico Mendes de Conversación de la Biodiversidad (ICMBio), cuyos presupuestos fueron recortados.

La organización también acusó al Gobierno de Bolsonaro de someter la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai) a los intereses del agronegocio y transformarla en una “agencia reguladora de la explotación de las tierras indígenas”.

Los datos del informe fueron obtenidos a partir de los propios relatos de las comunidades indígenas, informes del Ministerio Público Federal y de otras instituciones de la sociedad civil, así como de noticias publicadas en los medios de comunicación.

Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, defiende la explotación de los recursos naturales de la Amazonía y ha prometido no demarcar “ni un centímetro” de nuevas tierras para los indígenas, a los que incluso ha llegado a responsabilizar de los incendios que avanzan en el mayor bosque tropical del planeta y en el Pantanal.

El mandatario insiste en decir que Brasil es el país que “más preserva el medioambiente” y un “ejemplo” para el mundo en materia de conservación.