El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos ratificó el auto de vinculación a proceso por el delito de peculado, obtenido por la Fiscalía Anticorrupción contra Alejandro Vera, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Asimismo, Eduardo Eduardo Sotelo Nava, extesorero de la institución, fue también vinculado por el presunto desvío de recursos otorgados por el gobierno de Morelos a la universidad, los cuales estaban etiquetados para salarios y servicios generales.
La Fiscalía Anticorrupción obtuvo la vinculación a proceso por los delitos de peculado de los exfuncionarios de la UAEM el pasado 27 de enero de 2020, la cual, fue ratificada ayer jueves por los magistrados del TSJ, al considerar que fueron infundados los agravios de la defensa particular de los imputados, que interpuso un recurso de apelación, mismo que fue desechado y la decisión la confirmó una juez de control.
Los imputados presuntamente celebraron el primero de julio de 2014, un contrato de crédito simple con Banco Interacciones por la cantidad de 600 millones de pesos, el cual, inicialmente tenía como fecha marzo de 2018, pero en 7 de julio de 2015, los imputados y la institución bancaria modificaron el contrato para prorrogar el vencimiento hasta el 30 de noviembre de 2022 y disminuir el préstamo a 450 millones de pesos.
Según las acusaciones, Vera Jiménez y Sotelo Nava comprometieron los recursos del subsidio otorgado por el Gobierno del Estado, en ese entonces encabezado por Graco Ramírez, a la Universidad como garantía del crédito.
Así, provocaron un detrimento patrimonial a la sociedad al obstruir fondos corresponidentes a la política salarial, plazas de nueva creación, carrera docente, gastos de operación, desarrollo de programas y proyectos de docencia, investigación y difusión de la cultura y otros apoyos.
Actualmente Alejandro Vera también enfrenta un proceso a nivel federal por el desvío de recursos de la extinta Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en la llamada Cruzada Contra el Hambre del que se desviaron recursos por 600 millones de pesos a empresas fantasmas, como parte de la Estafa Maestra.
