El grito de «Nos están matando» se convirtió en el pedido de auxilio de líderes sociales, exguerrilleros de las FARC y miembros de la oposición en Colombia para denunciar la violencia de que son víctimas, a semejanza del movimiento «Black Lives Matter» de EE.UU.
En los muros callejeros, en las redes sociales y en las manifestaciones en todo el país se han vuelto habituales las pancartas con esa advertencia sobre unos crímenes que afectan también a las comunidades indígenas, a militantes de la izquierda e incluso a estudiantes.
El asesinato del defensor de derechos humanos Jorge Solano Vega, perpetrado el martes en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, y el homicidio del exguerrillero de las FARC Jainer Córdoba, ayer en el Valle del Cauca, elevaron ese clamor ciudadano para detener el desangre.
La esperanza que millones de colombianos pusieron en el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC se desvaneció pronto por la reconfiguración del conflicto que este año deja al menos 42 masacres, según el último informe del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
«Aquí no están haciendo trizas los acuerdos, en Colombia están haciendo trizas a los seres humanos, a los defensores de derechos humanos, a los reclamantes de tierras, a la gente que está en los programas de sustitución (de cultivos ilícitos), a plomo corrido y esto es muy grave», dijo a Efe la presidenta de la Unión Patriótica (UP), la senadora Aida Avella.
FUEGO CONTRA FIRMANTES DE LA PAZ
El partido político FARC denunció el miércoles el asesinato de Córdoba, el número 237 de esa larga lista, ocurrido justo cuando centenares de desmovilizados terminaban en Bogotá una peregrinación por la vida que comenzaron en distintas partes del país para protestar contra la violencia.
Según la ONU, en Colombia «la violencia incesante contra excombatientes sigue afectando la consolidación de la paz».
«Parecería que los desarmaron para matarlos, por lo menos esa es la lectura que uno hace», agregó Avella.
Por esa ola de violencia contra exguerrilleros de las FARC han sido capturadas 141 personas, 257 han sido vinculadas a las investigaciones y se han dictado 53 órdenes de captura, según informó días atrás el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila.
ASESINATO DE LÍDERES
Los líderes sociales también viven una de sus épocas más sombrías y los ataques les llegan de todos los frentes, principalmente de autores desconocidos, grupos paramilitares y disidencias de las FARC.
Los asesinatos contra ellos se incrementaron en un 61 % durante el primer semestre de 2020 respecto al año anterior, según un informe publicado el martes por la organización no gubernamental Somos Defensores que documentó 463 agresiones contra los líderes, entre ellas 95 homicidios.
«La respuesta (del Gobierno) es que están haciendo las investigaciones, pero estamos cansados de las investigaciones exhaustivas porque no sirven para devolver la vida. Lo que queremos es la defensa de la vida y un plan para desmovilizar a quienes tienen las armas«, dijo Avella al denunciar que «así comenzó el genocidio contra la UP».
La Unión Patriótica, creada en 1985 producto de una negociación de paz celebrada un año antes entre el Gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) y las FARC, obtuvo más de 320.000 votos en las elecciones de 1986 que le permitieron llegar al Congreso y a numerosas administraciones municipales.
Sin embargo, los resultados también generaron una persecución sin cuartel y el exterminio sistemático de unos 5.000 líderes y seguidores de la formación, así como de dos de sus candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, en 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa, en 1990.
La senadora recordó esos asesinatos al referirse a los recientes homicidios de tres miembros del movimiento de izquierdas Colombia Humana, liderado por el senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
El Gobierno señala que esta ola de violencia muestra que la raíz del conflicto está en el narcotráfico y en la ausencia del Estado en regiones donde los grupos armados se imponen, como lo aseguró recientemente el consejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín.
La redistribución de los espacios controlados por las FARC generó una nueva espiral de confrontaciones entre residuos de ese grupo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras bandas criminales que se regaron por el territorio y se disputan el dominio de actividades ilícitas, especialmente del narcotráfico.
Altos funcionarios del Gobierno y jefes militares se reunieron el martes con miembros de la oposición para examinar la situación de seguridad en las regiones, encuentro en el que condenaron los crímenes pero sin mayores resultados.
«El papel del Gobierno es asegurar que en este país no haya más personas con armas, que dejen dormir a los campesinos tranquilos y a los citadinos también, pero lo que yo veo es que no hay ningún plan de paz», reprochó Avella, quien estuvo en la reunión.
RECHAZO INTERNACIONAL
La comunidad internacional advierte constantemente sobre el regreso de Colombia a las épocas más oscuras de la violencia, y así lo hizo nuevamente la Misión de Apoyo al proceso de Paz de la OEA (MAAP/OEA) tras el asesinato de Solano Vega.
Por su parte, el embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek, afirmó: «Otra voz que la violencia acalla. No puede ser que esta racha de asesinatos no encuentre fin. Con cada uno que cae, muere una parte de la Colombia del mañana».
La zozobra causada por los asesinatos ha derivado en manifestaciones en las que los ciudadanos reclaman la presencia del Estado en regiones azotadas por el conflicto y mayor compromiso con la seguridad en las zonas convulsas.
«Durante el proceso de paz la gente se mostraba más tranquila, más serena, como diciendo ‘ya pasó esto tan terrible’, pero no. En Colombia no pasa la horrible noche, nosotros vivimos horribles noches y horribles días», subrayó Avella.
