La Cámara de Diputados aprobaría el próximo jueves la reforma para la eliminación del outsourcing que envió el presidente, Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, informó que se planteará a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos llevar a cabo una tercera sesión semipresencial el día jueves 3 de diciembre, para abordar como primer punto el dictamen relativo a la reforma sobre outsourcing, además de uno que legisla en materia de teletrabajo.
Los coordinadores parlamentarios plantearon revisar los dictámenes pendientes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para desahogar en esta misma sesión los que tengan mayor consenso.
El tema toral de la iniciativa para regularizar el outsourcing es que se prohíba la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
Sólo queda permitida la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria de los mismos.
Las empresas o patrones que recurran a la prestación de servicios especializados con un contratista que incumpla las obligaciones con sus trabajadores, serán responsables solidarios de los trabajadores implicados.
Las empresas que presten servicios especializados requerirán autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a ser renovada cada 3 años; además, quedarán inscritas en un padrón público.
Quedan permitidas las agencias de colocación, pero éstas sólo podrán intervenir en el proceso de contratación (reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otras actividades) y en ningún caso se considerarán como patrones.
La violación a las nuevas disposiciones implicará multas de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización; para este 2020, esos valores van de los 173,760 pesos hasta los 4 millones 344,000 pesos.
Los pagos por concepto de subcontratación de personal no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento; además, las irregularidades se procesarán como un delito de defraudación fiscal.
La reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2021, tras lo cual la STPS deberé expedir reglas y una vez publicadas éstas, las empresas prestadoras de servicios especializados tendrán 6 meses para obtener la autorización de la dependencia para ello.
- Para lograr todo lo anterior, la iniciativa contempla cambios a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR y la Ley del IVA.
