Con la finalidad de evitar que mujeres sean esterilizadas sin su pleno consentimiento, el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega, impulsa iniciativa para reformar el artículo 67 de la Ley General de Salud, relativo a la planificación familiar, a fin de que “el personal médico solicite la aprobación, plenamente informada, con información oportuna, completa y adecuada”, sin que las pacientes se encuentren “en situación vulnerable o de crisis”, antes de realizar cualquier intervención.
El legislador refirió que en la mayoría de las operaciones para esterilización en hospitales públicos o privados, mediante un método definitivo o el dispositivo intrauterino, el consentimiento se obtiene durante la labor de parto, momento en que la mujer está vulnerable y no es, en absoluto, oportuno ni pertinente.
Agregó, que durante el trabajo de parto la mujer se encuentra enfocada en el bienestar de su hija o hijo; por lo tanto, la obtención de una firma no es suficiente para considerar que un consentimiento médico fue obtenido de la manera adecuada y podría considerarse como violencia obstétrica.
Por lo tanto, consideró que el consentimiento obtenido en estas condiciones es violatorio de los derechos de las mujeres a decidir de manera libre el número de hijas o hijos que quiere tener, como lo establece la Constitución Política. Además, la norma oficial mexicana establece que no se efectuará ante situaciones de crisis o cuando la capacidad de raciocinio o decisión se encuentre alterada.
Escobar y Vega, sostuvo que la esterilización sin el debido consentimiento informado de la mujer constituye un acto de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, porque viola los derechos humanos a la salud, atención médica adecuada, a la igualdad, a la no discriminación, así como a la dignidad, todos ellos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte.
La propuesta del legislador por el partido verde, plantea que “se ofrecerán reparaciones e indemnizaciones a las mujeres víctimas de esterilizaciones no consentidas”.
Con la reforma, turnada a las comisiones de Salud, para dictamen, y a la de Justica, para opinión, se reconoce el derecho de todas las mujeres a estar informadas y a decidir sobre sus cuerpos y en caso de que se vulneren sus derechos se cuente con un marco normativo que las respalde.
Informó que de acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016 (Endireh), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de un promedio de 8.7 millones de mujeres de entre 15 y 49 años que transcurrían por un parto entre 2011 y 2016, más del 33 por ciento refieren haber padecido algún tipo de violencia obstétrica.
Es importante mencionar que en 2016 fue la primera ocasión en que se incorporan cuestionamientos para conocer y evaluar la experiencia de las mujeres en este ámbito primordial. “Dicha información revela que al 4.2 por ciento de las mujeres atendidas les fue colocado algún método anticonceptivo, o fueron operadas o esterilizadas, sin haberles preguntado o avisado”.
