El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, prometió este miércoles colaborar con las autoridades tras nuevas filtraciones de un testigo protegido que asegura que hubo militares involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014.
«En todo lo que está presentándose de Ayotzinapa damos la información, tenemos la obligación de hacerlo así. Nuestra jurisdicción militar, cuando llega a detectar algún delito que se vincula con el orden común, el orden federal, pasa la información«, afirmó el funcionario.
Las declaraciones del general se producen tras difundirse este miércoles el testimonio de «Juan«, un testigo protegido y presunto líder del cártel Guerreros Unidos, que participó en la desaparición de normalistas el 26 de septiembre de 2014.
El testigo aseveró que militares participaron en una operación conjunta con policías y sicarios para detener a los estudiantes y otras 30 personas en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, en el estado de Guerrero, donde después los entregaron al cártel para su desaparición.
El documento del testimonio, perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), se publicó en el diario Reforma y es similar al que había revelado la revista Proceso en julio pasado.
“La institución ante todos los señalamientos que ha habido, no nada más de este tipo, a través de toda su historia siempre ha colaborado con las autoridades, nunca se trata de ocultar«, expresó Sandoval.
Según la versión del gobierno de Enrique Peña, el 26 de septiembre de 2014 policías corruptos del municipio de Iguala detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Cocula y tiró los restos a un río.
Pero familiares y una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron esta versión de la «verdad histórica» al señalar que los cuerpos no pudieron quemarse en ese lugar.
El testimonio de este último testigo protegido ha impactado el caso porque involucra de forma directa a soldados.
El jefe del ejército reconoció la existencia de señalamientos, pero argumentó que las Fuerzas Armadas «no investigan ese tipo de delitos» porque su jurisdicción es militar y no abarca crímenes del fuero común o federal.
«Son las autoridades correspondientes a las que le toca atender este tipo de delitos quienes investigan y nosotros somos quienes proporcionamos las facilidades para que puedan desarrollar su trabajo«, sostuvo Sandoval.
El caso cobra relevancia porque la FGR exoneró la semana pasada a Salvador Cienfuegos, jefe del Ejército en el sexenio pasado, de las acusaciones de narcotráfico de las autoridades de Estados Unidos, que lo arrestaron en Los Ángeles el 15 de octubre y lo entregaron a México un mes después.
