Las autoridades rusas han endurecido la ofensiva para impedir las manifestaciones convocadas para este sábado en favor de la liberación del líder opositor Alexéi Navalni, mediante la detención de cerca de una cuarentena de personas y el encarcelamiento de aliados del activista anticorrupción.
Una de sus colaboradoras más cercanas, su portavoz Kira Yarmish, fue condenada hoy a nueve días de prisión por convocar una manifestación no autorizada tras haber sido detenida por agentes de la policía que amenazaron con derribar la puerta de su casa.
Pese a la condena, Yarmish instó en Twitter a los seguidores de Navalni a salir masivamente a las calles mañana: «Ya sabéis qué hacer. El 23 de enero, a las 14.00 hora de Moscú (11.00 GMT) ¡venid a las principales avenidas de las ciudades!».
El equipo de Navalni ha organizado marchas de apoyo al opositor encarcelado en más de 90 ciudades de todo el país.
DETENCIONES, PRISIÓN Y MULTAS
Otra de las aliadas más cercanas de Navalni y abogada del Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) fundado por el líder opositor, Liubov Sobol, se salvó de ir a la cárcel tras su detención el jueves, gracias a que su hija es menor de edad, de acuerdo con su abogado Vladímir Voronin.
Sin embargo, fue multada con 250.000 rublos (más de 3.300 dólares) por «violación reiterada de las reglas de organización de una manifestación», según la agencia Interfax.
En total, en un intento de las autoridades de descabezar las protestas, más de cuarenta activistas y empleados del FBK de Navalni fueron detenidos en quince ciudades de Rusia, según el portal Meduza.
Cinco de los detenidos fueron juzgados y condenados a entre tres y diez días de cárcel.
La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció la campaña de hostigamiento, intimidación y detenciones de las autoridades rusas.
El director para Europa y Asia Central de HRW, Hugh Williamson, defendió el derecho a la protesta pacífica y afirmó que las autoridades «tienen la obligación» de permitir el ejercicio de este derecho «de manera segura».
MANO DURA PARA MANTENER LA LEY
El Kremlin respaldó hoy la campaña de acoso contra los seguidores y colaboradores de Navalni.
«La posición solo puede ser una: a favor de la necesidad incondicional de respetar la ley y la inadmisibilidad de la organización de acciones ilegítimas», dijo el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, quien advirtió sobre las posibles consecuencias para quienes acudan mañana a las protestas.
Peskov subrayó que las fuerzas de seguridad «no requieren de una orden del Kremlin» para tomar medidas contra los manifestantes, pues «actúan en correspondencia con las instrucciones normales».
BATALLAS EN EL CAMPO DE INTERNET
Tanto la Policía y la Fiscalía han advertido de que habrá detenciones este sábado, y el regulador de las comunicaciones, Roskomnadzor, ha iniciado una cruzada contra las redes sociales y servicios de internet en las que se promueven las manifestaciones.
Mientras, los llamamientos para que Navalni sea puesto en libertad se multiplican.
Una petición publicada en la plataforma Change.org que reclama la puesta en libertad de Navalni ya supera las 120.000 firmas y Amnistía Internacional (AI) inició una campaña internacional en la que pide el envió de cartas al presidente ruso, Vladímir Putin.
El presidente del Consejo de la Unión Europea (UE), Charles Michel, reiteró hoy en una llamada telefónica a Putin la «grave preocupación» de Bruselas por la detención de Navalni y pidió que se respeten «plena e incondicionalmente» sus derechos.
Incluso el partido liberal Yábloko, que en su momento expulsó a Navalni por sus ideas nacionalistas, optó por darle un espaldarazo y advirtió que «el Estado represivo ilegal con poder personal ilimitado y permanente de Vladímir Putin» será «ilimitadamente cruel y usará la fuerza» contra los manifestantes.
MENSAJE DE ALIENTO
En medio de esta tensión y a menos de 24 horas de las protestas, Navalni publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que trató de enviar un mensaje de aliento a sus seguidores.
Navalni, detenido el pasado domingo a su llegada a Moscú después de recuperarse en Alemania del envenenamiento que sufrió en agosto pasado con un agente tóxico de la familia Novichok, podría ser condenado a 3,5 años de cárcel por haber presuntamente incumplido las condiciones de una pena suspendida dictada en 2014.
Aseguró que su estado psicológico y emocional «es totalmente estable» y que «tiene la certeza de que fuera de la cárcel hay muchas buenas personas que acudirán en mi ayuda».
