Hay «niñas que denuncian que religiosos les dejaban embarazadas y se cometían abortos», aseguro este lunes a EFE la diputada Zulay Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, que investiga un caso de abuso sistemático durante años de decenas de menores en albergues dependientes del Estado.
Rodríguez, del gubernamental Partido Revolucionario Democrático (PRD), también aseguró que los abusos, físicos y mentales, los cometían los «internos» o personal a cargo de quién estaban los niños y niñas en al menos 14 albergues investigados.
Esta es la primera vez desde que se destapó en la últimas semanas este escándalo que una autoridad apunta, aunque sea vagamente, a alguien como responsable de los vejámenes a que los niños eran sometidos y concreta algo más de qué se trataban.
Ante una ostensible indignación popular, la pasada semana, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, se vio obligado a transmitir un mensaje a la nación por televisión en el que se comprometió a encontrar y castigar a los culpables de estos abusos, sin dar detalles de qué acciones ha tomado su Gobierno ni en qué dirección.
Varios menores de edad fueron abusados sexualmente por «internos» desde 2015 en al menos 14 albergues en Panamá, y niñas denunciaron haber quedado embarazadas de religiosos que regentaban los hogares, dijo a EFE Rodríguez.
«Los abusos los cometían los mismos internos», e incluso existe un caso de un menor de edad que «fue abusado reiteradamente durante cinco años, desde los 10 a los 15», afirmó la diputada, frecuentemente en poca armonía con el sector gubernamental de su partido.
También hay «niñas que denuncian que religiosos les dejaban embarazadas y se cometían abortos», aseguró Rodríguez, frecuentemente en poca armonía con el sector gubernamental de su partido.
Una subcomisión parlamentaria reveló un informe que detalla que decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente, maltratados física y psicológicamente en albergues de todo el país, instituciones que administran organismos privados como varias ONG y fundaciones, pero que están bajo la supervisión del Estado, que les otorga además fondos públicos.
De acuerdo con la investigación parlamentaria, se hallaron albergues sin el permiso de operación reglamentario, sin personal cualificado, con «condiciones infrahumanas» de vida, y que muchas de las victimas de los abusos son menores con alguna discapacidad.
La Fiscalía General, donde Rodríguez y otras diputadas presentaron el informe parlamentario la semana pasada, ha dicho que tiene abiertas 8 investigaciones por irregularidades en albergues, algunas de hasta dos años, y que hay imputados, aunque se desconocen los detalles de estos casos.
Por este escándalo está en el ojo del huracán la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que entre sus funciones está supervisar instituciones de protección o albergues y en que en su junta directiva cuenta con las carteras de Desarrollo Social (Mides), Salud, Educación, Trabajo, Economía y la Controlaría.
El caso ha generado gran indignación en Panamá, donde este lunes continuaron las protestas en rechazo a los abusos contra los menores y también a la reacción del Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, tildada de tardía e insustancial por activistas de derechos humanos y también políticos de oposición.
Más de 200 manifestantes protestaron ante la sede del Ministerio del Trabajo, obstruyendo parcialmente una importante arteria vial y exigiendo justicia para los niños víctimas y cárcel para los responsables de los abusos.
«Llevamos tres semanas en la calles y no hay una respuesta certera por parte del Gobierno. Hemos visto como han tratado de ocultar información y a personas involucradas (…) como juventud nos sentimos indignados, tristes, rabia e impotencia», dijo a EFE Dional Sañazar, militante de la organización Juventud Revolucionaria (JR).
El miércoles pasado, una semana después de destapado el escándalo, Cortizo pidió castigo con el «máximo rigor de la ley para los responsables de los delitos cometidos contra los derechos de las niñas, los niños y adolescentes», defendió que el Senniaf y el Mides presentaron al menos una denuncia en el 2020 y pidió a ambas instituciones constituirse como querellantes en el proceso judicial.
