Florian Tudor, señalado como líder de la mafia rumana en México, consiguió una nueva suspensión de plano para evitar su incomunicación, deportación, expulsión y/o extradición.
Antonio González García, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías que interpuso Tudor contra su extradición a Rumania.
“Se concede a Florian Tudor, la suspensión de plano respecto de los actos consistentes en la incomunicación, deportación, expulsión en calidad de extranjero y/o extradición, así como por cualquier otros de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, para el efecto de que las autoridades responsables de manera inmediata no se ejecuten, los hagan cesar o, en su caso, se abstengan de llevarlos a cabo; por lo que para su debido cumplimiento, las autoridades responsables, bajo su más estricta responsabilidad, de inmediato deberán abstenerse de llevar a cabo los citados actos contra el impetrante”, señaló el juez.
El juzgador asumió el juicio del rumano, porque el pasado viernes el secretario en funciones de juez, del juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa, quien frenó la extradición, se declaró incompetente para seguir conociendo el caso.
González García fijó para el próximo 30 de junio la audiencia donde determinará si concede o no el amparo a Florian Tudor contra la extradición.
El juez segundo puntualizó que el requerido ratificó su demanda de garantías, motivo por el cual sigue vigente la suspensión de plano que impide su extradición.
Mientras tanto, el rumano mantiene vigentes ambas medidas a su favor.
El jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) capturó a Tudor en sus instalaciones de la Ciudad de México, quien ha sido señalado de ser el líder de una red criminal que ha operado en Quintana Roo, misma que ha sustraído más de mil 200 millones de pesos de cajeros automáticos.
Hasta el momento, la FGR no ha judicializado alguna carpeta de investigación en su contra, tras dos años de investigaciones y señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El gobierno de Rumania tiene 60 días para presentar formalmente la petición de extradición.
