La líder depuesta de Myanmar, Aung San Suu Kyi, se sentó este lunes en el banco de los acusados en el primero de los dos juicios que afronta tras ser detenida por los militares que tomaron el poder en un golpe de Estado el pasado 1 de febrero.
El abogado de Suu Kyi, Khim Maung Zaw, indicó en un comunicado que la vista comenzó sobre las 10:30 horas (tiempo local) en la capital y finalizó cinco horas y media más tarde y agregó que Suu Kyi «no parecía encontrarse muy bien«, aunque siguió la vista con atención.
También se encontraban en la sala del tribunal el presidente derrocado Win Myint y el exalcalde de Naipyidó Myo Aung, también acusados en este juicio.
Suu Kyi, detenida desde el día del golpe, está acusada de cargos por vulnerar presuntamente las normas de covid-19, incitación a la agitación pública, la importación ilegal de dispositivos electrónicos y violar la ley de telecomunicaciones.
De ser hallada culpable, la política de 75 años, se enfrentaría a una pena de hasta 10 años de cárcel y sería inhabilitada de cara a las elecciones prometidas por la nueva junta militar de Myanmar, sin fecha fijada.
En la vista de hoy, la Fiscalía llamó a declarar a varios policías que testificaron contra la exmandataria y el antiguo presidente y mañana se celebrará otra vista.
Está previsto que el juicio, que se celebra en una sala especial habilitada en las oficinas del gobierno local de Naipyidó, termine en un plazo de 180 días.
Los abogados de Suu Kyi, que mantiene su inocencia, han negado todos los cargos contra su cliente.
Críticas
En un comunicado, la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), consideró «poco probable» que el juicio que comenzó hoy contra Suu Kyi sea justo y reclamó su «liberación inmediata e incondicional«.
Phil Robertson, subdirector de HRW en Asia, criticó las restricciones que padece Suu Kyi para tener acceso a sus abogados y el hecho de que el juicio tenga lugar en un tribunal controlado por la junta militar.
«Los cargos criminales contra Aung San Suu Kyi son falsos y con la motivación política de anular su aplastante victoria electoral en los comicios de noviembre de 2020 e impedirle que se presente de nuevo«, afirmó Robertson.
En su opinión, la junta da «todos los indicios de que esto es solo el principio y continuará acumulando casos adicionales contra Suu Kyi para mantenerla encerrada» dentro de una estrategia para «neutralizar a Suu Kyi y a la Liga Nacional para la Democracia (su partido)» para que no puedan desafiar al régimen militar en el futuro.
La nobel de la paz afronta además otro juicio en el Tribunal Supremo por la presunta violación de la ley de Secretos Oficiales, cargo penado con hasta catorce años de cárcel.
Suu Kyi se encuentra bajo arresto desde el golpe militar liderado por el general Min Aung Hlaing, que acabó con diez años de transición democrática en Myanmar.
El pasado 24 de mayo compareció por primera vez en una vista previa en la capital, ya que antes sus comparecencias habían sido por teleconferencia.
Según sus abogados, la exmandataria vive aislada y sin noticias de lo que ocurre en el país, que está sumido en una espiral de violencia entre las autoridades y los grupos prodemocráticos que han decidido tomar las armas contra el Ejército.
Espiral de violencia
El golpe militar provocó un movimiento de desobediencia civil y protestas que han sido brutalmente reprimidas por los soldados y policías, que han usado armas militares contra civiles desarmados, incluidos niños.
Al menos 863 personas han muerto por la violencia militar, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también contabiliza más de 6 mil detenidos desde el sublevamiento.
Miles de manifestantes prodemocráticos han decidido unirse a las milicias civiles para luchar contra los militares, que también han intensificado las ofensivas contra los civiles y las guerrillas étnicas en zonas de la periferia del país.
Además, el sistema de salud y la educación se han visto afectados por las huelgas y el parón del movimiento de desobediencia civil en medio de una profunda crisis económica que amenaza con crear hambrunas y elevar el índice de pobreza hasta la mitad de la población, según la ONU.
El Ejército de Myanmar justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.
