El gobierno de España concedió este martes el indulto parcial y reversible, por razones de «utilidad pública» y para restablecer «la convivencia y la concordia«, a los nueve líderes independentistas catalanes condenados a entre 9 y 13 años de prisión en relación con el proceso secesionista ilegal de 2017.
«Es el momento de la política, de pasar página, de concentrar fuerzas y mejorar la vida de nuestro pueblo en estos tiempos de dificultades y de muchas esperanzas«, argumentó el jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, al informar de la decisión en una declaración institucional.
El gobierno, prosiguió, ha tomado esta decisión porque es «lo mejor para Cataluña, porque es lo mejor para España y conforme con el espíritu de concordia y de convivencia de la Constitución española«.
Garantizó que el gobierno va a seguir trabajando por el entendimiento y no por el enfrentamiento y pretende abrir un nuevo tiempo de diálogo y tender puentes de convivencia entre personas alejadas en lo político, pero que no pueden ignorarse entre sí.
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, señaló que, con los indultos, «la imagen de España sale fortalecida«, en alusión al apoyo de diversos medios de comunicación internacionales a esta medida de gracia.
Sin embargo, en cualquier caso, el gobierno «no va a convocar un referéndum en Cataluña para la autodeterminación ni va a permitir una declaración unilateral de independencia«, garantizó en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. La Constitución española impide la separación de cualquier parte del territorio nacional.
El presidente de Cataluña, el independentista Pere Aragonés, había valorado que los indultos son un paso que «ayuda a generar credibilidad en el camino de la negociación y el acuerdo para resolver el conflicto«, si bien volvió a reclamar la «amnistía» para los condenados y un «referéndum acordado» sobre la independencia.
Según Aragonés, «es el momento de volver a hacer política» y la mejor manera de conseguir la independencia, remarcó, es la vía «del diálogo, de la negociación, del acuerdo«.
Próximamente, como se había anunciado con anterioridad, se reunirán Sánchez y Aragonés y se reanudará la «mesa de diálogo» entre ambos gobiernos.
La cuestión de los indultos generó una gran polémica social y política en España, más cuando se han concedido con los informes en contra del Tribunal Supremo, que dictó en octubre de 2019 la sentencia de condena por sedición, y de la Fiscalía, si bien su criterio no es vinculante.
La oposición de conservadores, extrema derecha y liberales los rechaza con firmeza y anunciaron recursos judiciales contra ellos; piensan que es una medida arbitraria que dará aliento a los independentistas, pues no han mostrado arrepentimiento, y que tan solo se debe a los intereses políticos del Gobierno.
Sánchez gobierna en minoría y necesita el apoyo parlamentario de otras fuerzas en el Congreso, entre ellas el partido independentista catalán ERC (izquierda republicana), al que pertenece Oriol Junqueras, el principal condenado (a 13 años de cárcel) y ahora indultado.
El presidente del Gobierno explicó hoy que se conmutarán los años de prisión aún pendientes de cumplimiento por los indultados, aunque se mantendrán las penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los indultos además estarán condicionados a que no cometan un delito grave en un periodo de entre tres y seis años o, de lo contrario, la medida de gracia «quedaría sin efecto».
Precisó que la medida de gracia no exige que los beneficiados cambien sus ideas y que no fueron encarcelados por ellas, sino por uno actos «contrarios a la legalidad democrática», así que deben defenderlas según el ordenamiento constitucional español.
El indulto no afecta a los independentistas huidos de la Justicia española, como el expresidente catalán Carles Puigdemont.
