Aunque el pleno de la Cámara de Diputados retiró el fuero a los diputados Benjamín Saúl Huerta Corona (Partido Morena), y a Mauricio Toledo (PT) por delitos de abuso sexual y enriquecimiento ilícito, respectivamente, los legisladores ya no son localizables.

La fiscalía capitalina empezó los trabajos consulares para la extracción de Toledo, quien se encuentra en Chile, e implementa un operativo de búsqueda para ubicar lo antes posible a Huerta.

A este último los agentes que lo vigilaban a distancia “le perdieron la pista” el viernes pasado; un día antes, acudió de propio pie al búnker de la fiscalía local, pues quería revisar la carpeta de investigación, pero se le negó.

Se dio a conocer que la defensa de Huerta busca pactar con autoridades capitalinas la “entrega voluntaria” del diputado, quien ya cuenta con una orden de aprehensión, a fin de no violar sus derechos humanos y garantizar que mientras esté en prisión “no le pase nada”.

Así, durante la sesión extraordinaria de ayer en el pleno de San Lázaro, en la que no estuvieron presentes ninguno de los dos acusados, se analizaron los casos de manera separada, siendo el de Toledo el más ríspido, luego de que se informó que abandonó el país desde el 26 de julio y se encuentra en Chile.

Tenemos una información de última hora por parte de las autoridades migratorias de que el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional con destino a la república de Chile”, señaló Rafael Chong Flores, fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, quien representó a la parte acusadora durante el juicio.

Mauricio Toledo respondió a través de un comunicado que no está prófugo: “Soy hijo de padres chilenos y mi salida del país obedece a compromisos contraídos con anticipación”.

En el caso de Saúl Huerta, la coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Laura Angelina Borbolla Moreno, aseguró que existen pruebas legales, contundentes, sólidas y científicas, para sujetar a proceso al morenista por el delito de abuso sexual contra dos personas, entre ellas un menor de edad.