A partir del 1 de octubre habrá “superdelegados” del gobierno central en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, lo que ha abierto el debate y generado críticas por la utilidad de esta figura.

Por una parte, el Gobierno de la Ciudad de México los creó para que sean los responsables de operar programas públicos así como el enlace de la administración central en las demarcaciones territoriales.

Sin embargo, opositores y especialistas señalan que la verdadera intención es que las autoridades del Gobierno capitalino tengan presencia política en alcaldías que perdieron.

Es importante recordar que en las elecciones del pasado 6 de junio, Morena perdió terreno en la capital y de gobernar 12 demarcaciones territoriales, solo conservó 7.

Las demás serán gobernadas por titulares provenientes de la alianza que conformaron el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El pasado 16 de agosto se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se crea la Coordinación General de Inclusión Social y la Dirección General Territorial del gobierno que, a su vez, va a estar conformada por 16 direcciones ejecutivas, una para cada alcaldía de la capital.

Según el documento, las direcciones ejecutivas de las 16 alcaldías tendrán la facultad de “realizar reuniones de trabajo con las Direcciones Ejecutivas de Participación Ciudadana de las Alcaldías, a fin de conocer la problemática y buscar soluciones en la operatividad y ejecución de los programas y acciones sociales”.

También podrán planear capacitaciones para las personas beneficiarias de los programas sociales, así como coordinar líneas de acción entre el personal de la Dirección General Territorial y las Direcciones Ejecutivas de Participación Ciudadana ante posibles contingencias que pongan en riesgo la integridad de los habitantes de la Ciudad de México.