La Fiscalía General de la República (FGR) determinó el miércoles que volverá a solicitar la orden de aprehensión contra diversos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por presuntos delitos patrimoniales contra el erario público, pese a que un juez de distrito negó el recurso.
A través de un comunicado, la FGR indicó que no acepta la resolución del juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal ubicado en Almoloya, Estado de México, quien emitió la negativa al indicar que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon con recursos públicos los servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella no se trata de un hecho delictivo.
El juzgador habría indicado que no hay delito en la creación y manejo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), señalado por la FGR, pues este se ampara en el estatuto del Conacyt para operar de esa forma.
Según la FGR los 31 científicos y académicos que ocuparon cargos administrativos en dicho Foro utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos.
“Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt”, puntualizó la FGR.
La Fiscalía reiteró que ante dichas leyes al Foro, como un órgano interno de esa institución, no se le puede permitir, en modo alguno, convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica.
Por lo anterior, la FGR volverá a solicitar la orden de aprehensión en contra de los 31 involucrados, explicando lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan.
“La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial”, señaló.
