El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que la iniciativa de reforma constitucional para la industria eléctrica “lastimará profundamente” la economía y generará daños irreversibles en materia ambiental al país.
Por ello, pidió al Poder Legislativo reflexionar los efectos adversos que puede tener para las inversiones y las finanzas públicas, pues se requerirán más subsidios.
Por medio de un comunicado difundido anoche, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) considera que “la aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, las finanzas públicas y a la competitividad del país”.
Adicionalmente la propuesta violará tratados internacionales que firmó México e irá contra el principio de no retroactividad de las leyes y significará una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares o bien se expondrá a reclamo de indemnizaciones y arbitrajes internacionales.
E implica un alto costo presupuestario al subir los costos de producción y requerirse fuertes inversiones del Estado para garantizar el suministro eléctrico.
La propuesta pretende que el único actor que pueda abastecer de energía eléctrica en todo el país sea la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por ello el CCE afirmó que el problema que observa es que los mexicanos estarán obligados a adquirir energía a CFE “sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea”.
«La iniciativa no plantea ningún remedio a estas carencias de la CFE. La reforma propuesta hará todavía más difícil la inversión en la red de transmisión al concentrar los recursos de la CFE en generación. Estamos ante una contrarreforma que, a todas luces, no cumple con los objetivos que pretende ni plantea soluciones sustentables«, advirtió el organismo.
IMCO ve restauración de un monopolio
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) consideró que, de aprobarse la iniciativa de reforma constitucional en materia energética se favorecerá a la CFE en perjuicio de la economía de las familias mexicanas.
Esto al dar a la comisión el poder de establecer las tarifas y permisos, lo que, en la práctica, significaría la restauración de su monopolio en el mercado eléctrico.
Una probable situación de la que IMCO señaló seis puntos:
1.- Modifica el criterio de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional, lo cual limita la competencia y excede los costos hasta un 252%. Tan solo en 2020 la generación eléctrica privada a partir de energías renovables tuvo un costo de 401 pesos por megawatt-hora mientras que por CFE fue de mil 413 pesos.
2.- Revierte la separación horizontal y vertical de CFE, pues con ello se pone fin a las empresas subsidiarias y filiales de CFE a excepción de CFE Telecomunicaciones e Internet para todos, CFE Capital, CFEnergía y CFE Internacional. Las implicaciones de estos actos la llevarían a reconstruirse como el único actor posible a comprar y suministrar energía, eliminando las competencias de este mercado.
3.- Elimina los Certificados de Energía Limpia (CEL) los cuales se otorgan por cada megawatt-hora de energía generada en centrales limpias que iniciaron operaciones después de agosto de 2014, al desaparecerlos es posible que México no cumpla con su compromiso de generar al menos 35% de energía limpia para 2024, creando así un conflicto en el Acuerdo de París.
4.- Desaparece la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, quienes se encargan de la cantidad, calidad y el precio de la energía eléctrica.
5.- Incorporar el Cenace a CFE, donde la empresa decide las compras y el precio de la energía a quienes son del sector privado.
6.- Establece la explotación del litio como una actividad exclusiva del Estado mexicano, generando de esta manera una reducción ante las posibilidades del desarrollo tecnológico.
