Un juez peruano ordenó este viernes 18 meses de impedimento de salida de Perú para cuatro directivos de la refinería La Pampilla, entre ellos el director ejecutivo en Repsol en el país, Jaime Fernández-Cuesta, como parte de la investigación que se sigue por su presunta responsabilidad en el delito de contaminación ambiental.
La decisión fue anunciada por el juez Romualdo Aguedo y también comprendió al jefe del Terminal Marítimo 2 de La Pampilla, Renzo Tejada Mackenzie, y los gerentes de Repsol en Perú para Calidad de Medio Ambiente, Cecilia Posadas Jhong; y para Producción, José Reyes Ruiz.
El magistrado, del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla, aceptó un pedido que hizo la Fiscalía, al que se allanaron de inmediato los cuatro directivos de Repsol, cuyos abogados defendieron que han colaborado con la Justicia y no tenían intención de salir del país.
En esta etapa preliminar de la investigación, la Fiscalía consideró a Fernández-Cuesta en «calidad de autor» y a los otros cuatro implicados como «cómplices» en la presunta comisión del delito de contaminación ambiental.
El Ministerio Público recordó que el Código Penal peruano establece para este delito una condena no menor a 4 años ni menor de 6 años de prisión y remarcó en la necesidad de que los imputados permanezcan en el territorio nacional «para el esclarecimiento de los hechos».
Durante la lectura de su resolución, el juez Aguedo recordó que los abogados defensores de los investigados expresaron su «voluntad de que no se oponían al requerimiento fiscal» y que mantenían su intención de colaborar con las investigaciones.
En ese sentido, sostuvo que existen «razones plausibles» de que los implicados «habrían cometido el delito por el que se les viene investigando», aunque remarcó que aún se está en la etapa de «diligencias preliminares».
Tras indicar que los elementos de convicción que se tienen hasta el momento generan «la sospecha simple» para iniciar las diligencias y evitar un «potencial peligro de fuga», el juez defendió que el impedimento de salida del país es «estrictamente proporcional… ante el interés de la sociedad en la averiguación de la verdad».
Por los fundamentos expuestos resolvió «declarar fundado el requerimiento» de impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses y ordenó que se oficie la resolución de inmediato a la Policía Judicial y la Superintendencia de Migraciones.
Tras conocer la decisión, tanto la Fiscalía, como la Procuraduría del Estado, que participó como parte agraviada, y los abogados de los cuatro investigados manifestaron su conformidad.
La Fiscalía peruana hizo la solicitud como parte de las investigaciones que sigue tras el derrame que se produjo el pasado 15 de enero de unos 6.000 barriles de combustible de la refinería La Pampilla en el mar del puerto limeño del Callao.
El derrame se produjo en coincidencia con la llegada a las costas peruanas del tsunami causado por la erupción volcánica en Tonga, lo que provocó un inusitado aumento del nivel del mar en el momento que el buque Mare Doricum descargaba casi un millón de barriles a la refinería La Pampilla.
