La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que fue víctima de un hackeo en su teléfono celular y correo electrónico, un hecho que ocurrió después de la entrega de 29 narcotraficantes a Estados Unidos el pasado 27 de febrero. La mandataria aseguró que el ataque fue detectado rápidamente y que la Agencia de Transformación Digital intervino de inmediato para atender la situación.
La noticia fue reportada por el diario estadounidense The New York Times, que citó fuentes cercanas al caso y vinculó la vulneración con la extradición de los criminales, entre ellos Rafael Caro Quintero. Sin embargo, Sheinbaum aclaró que aún se desconocen los responsables del ataque cibernético.
Reacción del gobierno mexicano
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que Apple alertó a la Agencia de Transformación Digital sobre la intrusión, lo que permitió tomar medidas inmediatas. La presidenta aseguró que su equipo trabaja para reforzar la seguridad digital y evitar futuros incidentes similares.
El gobierno también inició una investigación para identificar a los responsables y determinar si el hackeo estuvo relacionado con la extradición de los narcotraficantes o si se trata de un ataque con otras motivaciones.
Vinculación con la extradición de narcos
La extradición de los 29 narcotraficantes fue calificada por The New York Times como una de las decisiones más audaces de Sheinbaum contra el crimen organizado. El periódico también reportó que, tras el traslado, el expresidente de EE.UU., Donald Trump, llamó a Sheinbaum para reconocer su determinación en el combate al narcotráfico.
Analistas han sugerido que el hackeo podría estar relacionado con los círculos del crimen organizado, como una represalia por la extradición. Sin embargo, aún no hay pruebas concretas que lo confirmen.
El hackeo a la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado preocupación sobre la seguridad digital del gobierno mexicano y el posible impacto de sus decisiones en el combate al crimen organizado. Mientras las investigaciones continúan, el caso plantea interrogantes sobre la vulnerabilidad de las comunicaciones de alto nivel en el país.
