El gobierno de México rechazó las acusaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El Comité señaló posibles desapariciones sistemáticas en el país. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación afirmó que el Estado mexicano no permite ni ordena desapariciones forzadas y reafirmó su compromiso con los derechos humanos.
El pronunciamiento ocurrió después de que el Comité anunciara un procedimiento contra México por presuntas desapariciones forzadas. Si se confirman los indicios de desapariciones generalizadas, el caso podría llegar a la Asamblea General de la ONU. Es la primera vez que un Estado miembro enfrenta esta intervención, lo que subraya la gravedad de la situación.
Reacción del gobierno mexicano
La Secretaría de Gobernación aclaró que, aunque el Comité ha solicitado información sobre las desapariciones forzadas, México está dispuesto a colaborar y proporcionar los datos solicitados. La solicitud del Comité se enmarca en un proceso de intercambio de información que data desde 2014. El gobierno mexicano aseguró que compartirá sus acciones y programas para atender y prevenir desapariciones forzadas, a través de comunicaciones y reportes periódicos.
Caso Teuchitlán y medidas cautelares
El gobierno mexicano no respondió sobre las acciones solicitadas en el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. En marzo, se hallaron restos óseos calcinados y hornos crematorios clandestinos en el sitio. Como resultado, el Comité pidió resguardar el predio y realizar investigaciones exhaustivas, que incluyan análisis genéticos de los fragmentos óseos.
El Comité también manifestó su preocupación por la falta de acceso de familiares de desaparecidos a información sobre las investigaciones, lo que ha dificultado su participación en los procesos de búsqueda y análisis.
