El Comité de Trabajadores Migrantes de la ONU advirtió sobre la falta de transparencia en posibles acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos. Estos acuerdos podrían derivar en la externalización del control fronterizo. Así lo señaló el organismo en su informe más reciente, publicado tras el cuarto examen periódico de México.
Las observaciones finales fueron adoptadas el 17 de abril, luego de las sesiones realizadas los días 7 y 8. En ellas se expresaron preocupaciones sobre expulsiones sistemáticas, riesgos para migrantes retornados y el papel creciente de cuerpos armados y empresas privadas en tareas de control migratorio.
Falta de claridad en acuerdos migratorios
Según el informe, el Comité advierte riesgos en la posible transferencia de responsabilidades internacionales por parte de México. Esto incluye temas sensibles como el asilo y la protección de derechos humanos.
También expresa preocupación por las devoluciones sistemáticas de personas extranjeras hacia territorio mexicano. Además, señala las expulsiones aéreas desde Estados Unidos hacia estados como Chiapas. En estos casos, los migrantes no reciben información ni apoyo adecuado.
Riesgos y consecuencias para migrantes
La ONU alertó que estas prácticas dejan a las personas migrantes —tanto mexicanas como extranjeras— en situación de vulnerabilidad frente a la violencia, la trata o la explotación. Esto, sin mecanismos claros de asistencia humanitaria o legal.
El informe también indica que desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2025, la situación podría haberse agravado, intensificando los mecanismos de contención migratoria sin transparencia.
Militarización y privatización del control migratorio
El Comité expresó una fuerte preocupación por la creciente militarización de la política migratoria en México. Reporta el involucramiento de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en tareas de vigilancia fronteriza y control de personas migrantes.
Además, criticó la subcontratación de estas tareas a empresas privadas de seguridad, sin que existan garantías suficientes del respeto a los derechos humanos, lo que representa una nueva dimensión de riesgo para las personas migrantes en tránsito.
Violencia sin justicia y hallazgos alarmantes
Otro de los puntos destacados fue la falta de avances en la investigación de crímenes contra migrantes. Entre ellos se mencionan las masacres ocurridas entre 2010 y 2012 en Tamaulipas, Nuevo León y Guanajuato, así como el asesinato de la migrante salvadoreña Victoria Salazar en 2023.
El informe también menciona el reciente hallazgo de fosas clandestinas y hornos crematorios en Jalisco y Tamaulipas. Estos hechos agravan la preocupación por las condiciones que enfrentan los migrantes en el país.
