La policía de Hungría prohibió una manifestación contra la homofobia y la transfobia prevista para el 1 de junio; esto, tras invocar la ley que impide las marchas LGTB+ bajo el argumento de proteger a los menores.
Así lo denunciaron este lunes cinco organizaciones civiles del país centroeuropeo. Al respecto, detallaron que esta es la primera vez que la policía hace uso de la ley aprobada en marzo, que prohíbe las reuniones que promuevan el cambio de sexo o la homosexualidad.
Lo anterior, ha generado duras críticas hacia Hungría en el extranjero; y es que la medida es vista como un ataque a los derechos de las minorías.
“Al prohibir el evento, el Estado restringe de forma arbitraria y discriminatoria uno de los derechos democráticos más fundamentales; el derecho de la reunión pacífica y la libertad de expresión”, afirmó el documento firmado por el Comité Helsinki, Amnistía Internacional, Fundación Misión Arco Iris (que organiza la marcha de Orgullo), Sociedad Háttér y Sociedad para las Libertades Civiles.
Autoridades de Hungría vetaron marcha pacífica
Las organizaciones subrayaron que el anuncio de la marcha recalcaba su carácter pacífico; también, su objetivo de defender los derechos de la comunidad LGTB+. Sin embargo, pese a ello, las autoridades decidieron prohibirla.
Cabe mencionar que la reforma aprobada establece que “el derecho del menor al adecuado desarrollo físico, mental y espiritual prevalecerá sobre todos los demás derechos fundamentales, con la excepción del derecho a la vida”.
Desde la aprobación de la normativa, organizaciones de Hungría y del extranjero denunciaron que se podrá prohibir la marcha de Orgullo; esta se prevé para el 28 de junio, como acto final del mes del “Budapest Pride”.
Al respecto, las organizaciones afirmaron que siguen planeando celebrar la marcha de Orgullo; asimismo, destacaron que quieren que sea “más grande que nunca”.
Cabe mencionar que la prohibición se produce en un momento en que el Parlamento húngaro, con mayoría absoluta del partido de Orbán, discute medidas que pueden restringir aún más la actividad de organizaciones civiles, e incluso permitir su cierre.
