La agrupación Los Alegres del Barranco está bajo investigación por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, acusada de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades señalan que la banda se benefició económicamente al interpretar canciones que hacen apología del delito, como sucedió en su concierto del 29 de marzo en el Auditorio Telmex, en Zapopan.
El vicefiscal Alfonso Gutiérrez Santillán explicó que parte de los ingresos del grupo —estimados en 5 millones 870 mil pesos— ya fueron asegurados. Se sospecha que dichos recursos provienen de conductas ilegales, al interpretar el corrido “El del Palenque”, alusivo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.
Apología del delito y beneficio económico
La nueva línea de investigación se basa en el artículo 310 del Código Penal de Jalisco, que sanciona con hasta 15 años de prisión a quien obtenga ganancias mediante actos ilícitos. Los integrantes del grupo —Armando N., José Pavel N., José Carlos N. y Cristóbal N.— ya fueron vinculados a proceso, junto a su representante y promotor.
Además del evento en el Auditorio Telmex, ofrecieron otros tres conciertos donde interpretaron canciones similares: el 26 de abril en Villa Purificación, el 3 de mayo en la Plaza de Toros de Cihuatlán y el más reciente en el Lienzo Charro Mario Orendain de Tequila.
Alcaldes citados como testigos
Por estos conciertos, los alcaldes de Villa Purificación (Gabriel Domínguez), Cihuatlán (Apolonio de Jesús Pelayo) y Tequila (Rivera Navarro) fueron llamados a declarar ante la Fiscalía en calidad de testigos. Hasta ahora, se han abierto cinco carpetas de investigación en torno a la agrupación sinaloense.
La Unidad de Extinción de Dominio ya tomó control de los recursos inmovilizados, mientras continúan las indagatorias para determinar si existe una red financiera ilegal detrás de las presentaciones.
Este caso podría marcar un precedente en el uso de la música para exaltar a figuras del crimen organizado. Las investigaciones siguen en curso, pero el mensaje de las autoridades es claro: lucrar con la apología del delito tiene consecuencias. La sociedad deberá reflexionar sobre el impacto de estos contenidos y su lugar en los espacios públicos.
