La Cámara de Diputados aprobó con 335 votos a favor y 122 en contra la reforma al Código Fiscal de la Federación que otorga al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceso en línea, permanente y en tiempo real a los sistemas de las plataformas de streaming y otros servicios digitales. La disposición entrará en vigor el 1 de abril de 2026.
La mayoría oficialista de Morena impulsó la adición del artículo 30-B, que obliga a los prestadores de servicios digitales a permitir a la autoridad fiscal consultar información relacionada con sus operaciones. El objetivo, según el dictamen, es mejorar la recaudación y garantizar mayor equidad fiscal en la economía digital.
De acuerdo con la Ley del IVA, se consideran servicios digitales aquellos que ofrecen acceso o descarga de contenido en línea, intermediación entre terceros, clubes virtuales, páginas de citas, enseñanza a distancia o pruebas interactivas.
Esto incluye plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max y Spotify, así como aplicaciones de uso cotidiano como Tinder, Bumble o Duolingo. De igual forma, las apps de compra, Amazon y Mercado Libre. La información a la que accedería el SAT abarcaría registros de suscripciones, transacciones, facturación y demás datos operativos.
En caso de incumplimiento, las autoridades podrán ordenar el bloqueo temporal de la plataforma o aplicación, lo que implicaría que los usuarios finales no podrían acceder al servicio hasta que se regularice la situación.
El dictamen aclara que el acceso del SAT no implica intrusión en los domicilios de las empresas, sino únicamente en sus sistemas y registros digitales.
Las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 advirtieron que la medida representa una amenaza al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión.
R3D señaló que el acceso en tiempo real constituye “una interferencia desproporcionada en los derechos de la ciudadanía” y que la disposición “carece de salvaguardas y control judicial que eviten intrusiones arbitrarias”. Además, consideró que el bloqueo de plataformas es “incompatible con la libertad de expresión, al ser una forma de censura indirecta”.
El gobierno federal argumenta que la medida responde a la necesidad de contar con un marco legal actualizado para supervisar la economía digital, que tiene impacto en los ámbitos fiscal, aduanero, económico y tecnológico.
