La Alianza por la Justicia Fiscal, integrada por organizaciones y especialistas, reconoció los avances puntuales en el Paquete Económico 2026 aprobado por el Congreso, aunque advirtió que el país sigue sin atender el “gran pendiente”: una reforma fiscal profunda y progresiva que eleve los ingresos del Estado y garantice derechos sociales.
El paquete, que define ingresos, gasto público y deuda para 2026, incluye medidas de control recaudatorio, combate al llamado “huachicol fiscal” y ampliación de impuestos especiales —entre ellos a productos no saludables—. Sin embargo, el colectivo subrayó que no modifica los problemas estructurales del modelo fiscal vigente.
La Alianza alertó que, pese a ajustes realizados en la Cámara de Diputados, la recaudación en México será de 15.1% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra 3.6 puntos por debajo del promedio latinoamericano y la más baja de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo promedio recauda casi el doble. Esta brecha limita recursos para áreas prioritarias como educación, salud, seguridad e infraestructura.
También señalaron insuficiencia presupuestal para enfrentar la crisis climática, impulsar la transición energética, fortalecer el transporte público, la ciencia, la tecnología y la política cultural.
El colectivo criticó que gran parte del incremento recaudatorio se destine a Petróleos de Mexicanos (PEMEX), para compensar la reducción de la renta petrolera del Gobierno federal. Según la organización, esto ocurre sin mejoras en el gasto de inversión de la empresa ni un replanteamiento de su modelo de negocios, lo que reduce el impacto social del esfuerzo fiscal de los contribuyentes.
Asimismo, mostraron preocupación por el aumento del déficit público, que alcanzará 4.1% del PIB en 2026, por encima del 3.9% proyectado en 2025. Señalaron que por cada peso de endeudamiento, solo se gastarán 61 centavos en inversión física, debilitando el uso sostenible de la deuda.
En contraste, la Alianza reconoció la creación del Anexo Transversal 31 en materia de cuidados, que permitirá monitorear recursos federales destinados a este rubro. No obstante, consideraron necesario acompañarlo con la creación de un sistema nacional de cuidados que garantice este derecho humano.
Finalmente, el colectivo llamó a replantear el marco fiscal y urgió una reforma progresiva que eleve ingresos permanentes, reduzca subsidios regresivos y reoriente el gasto hacia inversión social, transición energética y sostenibilidad de largo plazo.
