El Gobierno de México anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). La propuesta, presentada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, tiene como objetivo crear un mecanismo que permita a los partidos políticos consultar información de seguridad y verificar que sus candidatos no tengan vínculos con la delincuencia organizada. El plan se aplicaría a partir de las elecciones de 2027.
La iniciativa contempla la creación de una “comisión de verificación de integridad de candidaturas”, dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta comisión funcionaría como enlace entre partidos políticos y autoridades como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quienes responderían si existe o no un “riesgo razonable” de vínculos con el crimen organizado.
Los partidos políticos podrán entregar listas de candidatos de manera voluntaria para su revisión. La comisión informará únicamente si existe riesgo, sin revelar detalles de investigaciones en curso. Con base en esa información, cada partido decidirá si registra o no a los aspirantes.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la propuesta, señalando que responde a casos recientes de presuntos vínculos entre autoridades municipales y grupos criminales. El anuncio ocurre tras la acusación de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa. Además, un día antes se realizó un operativo federal en Morelos que derivó en la detención de seis funcionarios y exfuncionarios municipales, investigados por corrupción y extorsión vinculada al mismo grupo delictivo.
Sheinbaum reiteró que su Gobierno mantiene una política de “cero impunidad”, pero siempre bajo respeto al debido proceso. “No vamos a cubrir a nadie si hay pruebas”, afirmó, rechazando señalamientos sobre presunta protección a actores criminales.
