El reciente ataque militar organizado por Estados Unidos contra Venezuela ha encendido las alarmas políticas a nivel mundial y, sorprendentemente, también en el ámbito deportivo. La inquietud surge porque el país norteamericano es el anfitrión principal del Mundial de futbol de la FIFA que iniciará en junio de 2026, con la mayoría de partidos programados en su territorio, por encima de Canadá y México.

Ante este escenario, comenzaron a circular dudas sobre si la FIFA podría intervenir y llegar al extremo de retirar la sede del torneo a Estados Unidos, gobernado actualmente por Donald Trump. Para comprender lo que procede en casos como este, es necesario revisar los estatutos del organismo y los límites de su poder disciplinario frente a las decisiones de los gobiernos nacionales.

Uno de los principios fundamentales de la FIFA es la neutralidad política y la independencia absoluta de las federaciones afiliadas. Cada asociación nacional, como US Soccer, debe gestionar sus asuntos sin interferencias externas de gobiernos, tribunales u organismos públicos.

La FIFA solo puede sancionar a un país cuando existe injerencia directa del Estado en procesos internos de la federación, como elecciones, nombramiento de directivos o administración. En esos casos, la sanción puede incluir la exclusión de competencias internacionales.

En el caso del ataque militar contra Venezuela, no se configura una violación directa a las normas de la FIFA. Por ello, no existe una base clara para sancionar a Estados Unidos únicamente por una ofensiva militar, ya que el organismo no tiene facultades para intervenir en decisiones de política exterior.