Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela debe transformarse en una verdadera potencia productora de hidrocarburos y no temer una agenda energética con Estados Unidos. La declaración se dio en el marco del debate legislativo sobre la reforma de la ley que regula el sector petrolero.
La jefa chavista destacó que el país cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo y de gas en el hemisferio, por lo que consideró necesario abrirse a acuerdos internacionales. Al mismo tiempo, rechazó lo que calificó como “órdenes” provenientes de Washington y defendió la apertura de un diálogo entre actores venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero.
Rodríguez insistió en que las diferencias deben resolverse sin imposiciones externas y con resultados inmediatos. Encomendó al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, conducir un proceso de negociación que incluya tanto a sectores afines como críticos del chavismo. “Es bienvenida la discusión con respeto con quienes piensen distinto”, afirmó, subrayando que la estabilidad interna debe ser la prioridad.
La funcionaria también señaló que quienes “busquen el daño y el mal” deben ser separados de la vida nacional, aunque reiteró que la divergencia democrática es necesaria para alcanzar acuerdos.
En sus declaraciones, Rodríguez cuestionó nuevamente el rol de Estados Unidos en la crisis venezolana. Criticó a dirigentes opositores que habrían celebrado la intervención militar y sostuvo que la política interna debe resolverse en Venezuela. Tras la captura de Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió sobre consecuencias si la jefa interina “no hace lo correcto”, aunque posteriormente la calificó como “una persona fantástica” con la que se ha trabajado bien.
En paralelo, el régimen interino anunció la excarcelación de más de 600 presos políticos desde diciembre, aunque organizaciones de derechos humanos como Foro Penal reportan cifras distintas. Según la ONG, solo 269 personas han sido liberadas y el proceso avanza lentamente. Los familiares de los detenidos reclaman mayor transparencia y la publicación de listas verificables.
Organizaciones como Provea han advertido que el estado de conmoción vigente desde la operación militar estadounidense consolida un esquema que restringe derechos civiles y políticos, otorgando a cuerpos de seguridad facultades para ampliar la represión.
