La presidenta Claudia Sheinbaum celebró en Palacio Nacional la aprobación de la reforma laboral que establece una jornada de 40 horas semanales. El anuncio se dio durante la conferencia matutina, donde la mandataria destacó que la medida fue aprobada por unanimidad en el Senado.

La iniciativa presidencial fue avalada tras 10 semanas de debate y modificaciones, remitiendo el dictamen a la Cámara de Diputados para su discusión final. El proyecto establece que la reducción de la jornada laboral será gradual: en 2027 se trabajarán 46 horas, en 2028 serán 44, en 2029 bajará a 42 y finalmente en 2030 se alcanzará la meta de 40 horas semanales.

La disminución de horas no implicará reducción de sueldos, salarios ni prestaciones. Por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar al menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. Además, el trabajo extraordinario voluntario no podrá exceder 12 horas semanales, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias.

Cuando las circunstancias requieran aumentar la jornada, las horas extra se pagarán con un 100% adicional respecto al salario ordinario. Si se superan las 12 horas semanales permitidas, el pago será del 200% sobre el salario correspondiente. En el caso de personas menores de 18 años, la reforma prohíbe que laboren horas extras.

La reforma también establece que las indemnizaciones por despido sin causa se calcularán únicamente con base en la remuneración mensual habitual, sin incluir aguinaldo o vacaciones. Además, se creó el Fondo de Asistencia Laboral, financiado por aportes empresariales, para cubrir costos de desvinculación.

En cuanto a licencias por enfermedad, se fijaron porcentajes diferenciados de salario según la causa, y se habilitó el pago en cuotas de sentencias judiciales. También se permitirá la digitalización de libros laborales y se redefinieron los beneficios no remunerativos.

El proyecto incorpora incentivos a la formación laboral y la inversión productiva, junto con una reducción de cargas sociales. Asimismo, se habilitan bancos de horas por acuerdo y se reconoce la prevalencia de convenios provinciales sobre los nacionales, lo que otorga mayor flexibilidad a las regiones.