En México, una persona que vive en la ciudad necesita al menos $4,878 mensuales para que el gobierno no la considere pobre; en el campo, el umbral es de $3,495. Estas cifras, conocidas como Líneas de Pobreza por Ingresos, son actualizadas cada mes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con base en los precios reales que pagan los hogares.
Existe además un nivel más crítico: la pobreza extrema, que mide únicamente si alcanza para comer. En zonas rurales se requieren $1,888 mensuales, mientras que en áreas urbanas la cifra es de $2,517, montos mínimos para evitar pasar hambre.
La canasta alimentaria se encareció más que la inflación general. En un año subió 6.5% en ciudades y 5.6% en el campo, frente al 4.0% de la inflación total. El jitomate lideró los incrementos con un alza de 60.2%, seguido por el bistec de res (+14.2%) y los alimentos consumidos fuera del hogar (+7.2%). Para las familias, estos aumentos significan menos tortillas y menos proteína en la mesa.
El transporte público también registró incrementos: 6.6% en zonas rurales y 6.0% en áreas urbanas, afectando directamente a quienes dependen de él para trabajar o estudiar. En el ámbito rural, los productos de higiene y cuidado personal subieron 5.5%, mientras que en las ciudades la educación, cultura y recreación aumentaron 5.9%, presionando los presupuestos familiares.
Aunque los indicadores oficiales hablan de inflación controlada, los precios que más afectan a la vida diaria —comida, transporte, salud y educación— siguen creciendo por encima del promedio. Esto golpea con mayor fuerza a quienes ya estaban en el límite de sus ingresos, reduciendo su poder adquisitivo y sus posibilidades de desarrollo.
