El gobierno federal presentó los alcances de la nueva Ley de Aguas, la cual, según autoridades, representa un cambio estructural para garantizar el acceso equitativo al recurso y poner fin a prácticas de acaparamiento y especulación.
El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, explicó que la legislación elimina la transmisión de concesiones entre particulares, mecanismo que permitía la creación de un “mercado negro del agua”.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el esquema anterior impedía que usuarios con necesidades reales accedieran al recurso, al estar concesionado a particulares que no lo utilizaban.
Entre los casos expuestos, autoridades mencionaron irregularidades en estados como Zacatecas, Chihuahua, Nayarit y Baja California Sur, donde se detectaron desde concesiones sin infraestructura hasta perforaciones ilegales y venta de agua en pipas.
Además, se denunciaron abusos en Querétaro, donde concesiones agrícolas eran utilizadas para abastecer desarrollos inmobiliarios.
La nueva ley contempla sanciones más severas, con multas de hasta 3.5 millones de pesos y penas de prisión de hasta cinco años para quienes incurran en uso ilegal del agua.
Asimismo, Conagua informó sobre irregularidades en empresas —incluidas refresqueras y embotelladoras— por adeudos, sobreexplotación y falta de permisos, con un adeudo estimado cercano a los 12 billones de pesos.
Como resultado de la implementación de estas medidas, se han realizado más de 7,000 inspecciones, con más de 1,000 clausuras, además de un aumento en la recaudación que alcanzó los 3,000 millones de pesos en 2025 y se prevé crezca en 2026.
