Cada año, miles de caballos provenientes de Estados Unidos son trasladados a México para su sacrificio y posterior comercialización de carne en mercados internacionales, en un esquema que opera bajo regulaciones específicas y restricciones para el consumo interno.
Estimaciones indican que alrededor de 20 mil equinos cruzan la frontera norte con este propósito, aunque cifras de organismos internacionales elevan el número total de sacrificios en territorio mexicano a cerca de medio millón anual, sin considerar la actividad en rastros clandestinos.
En Estados Unidos, caballos considerados improductivos —por edad, abandono o bajo rendimiento— son vendidos en subastas y enviados a México, donde el procesamiento de su carne es permitido bajo ciertas condiciones sanitarias y administrativas. Este mecanismo ha sido señalado como una vía para sortear limitaciones en la comercialización dentro del país vecino.
Si bien el consumo de carne de caballo no está prohibido ni en México ni en Estados Unidos, su distribución enfrenta controles que restringen su venta directa en el mercado nacional mexicano, por lo que gran parte de la producción se destina al extranjero.
No obstante, autoridades y representantes del sector ganadero han advertido sobre irregularidades en la cadena de comercialización. En entidades del norte del país, se han documentado casos en los que carne de caballo es vendida como si fuera de res, lo que genera distorsiones en los precios y afecta a consumidores.
Un ejemplo se registró en Chihuahua, donde investigaciones derivadas de denuncias ciudadanas llevaron a la detección de un rastro clandestino. De acuerdo con representantes ganaderos, en algunos puntos de la región hasta dos de cada 10 kilogramos comercializados como carne de res podrían corresponder en realidad a carne equina.
El diferencial de precios ha sido identificado como uno de los principales incentivos de esta práctica. Mientras el kilogramo de carne de caballo puede comercializarse a un costo significativamente menor, su venta bajo otra denominación eleva el valor en el mercado, lo que abre espacio a esquemas de fraude.
El tema mantiene la atención de autoridades sanitarias y del sector pecuario, ante la necesidad de reforzar mecanismos de inspección y trazabilidad en la cadena de producción y venta de carne.
