La presunta entrega de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, se suma a la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, ambos señalados por autoridades estadounidenses por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Versiones difundidas este viernes 15 de mayo por medios nacionales indican que Díaz Vega habría quedado bajo custodia en Estados Unidos; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad federal mexicana ha confirmado oficialmente su detención o presentación ante tribunales.
El nombre del exfuncionario aparece en la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde también figura el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros exservidores públicos señalados por presuntas operaciones relacionadas con narcotráfico y colaboración con “Los Chapitos”.
De acuerdo con la investigación estadounidense, Díaz Vega habría fungido como intermediario entre integrantes del grupo criminal y funcionarios del gobierno sinaloense. El documento judicial sostiene que previo a las elecciones estatales de 2021 se habrían realizado reuniones con Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar para identificar a adversarios políticos y presionarlos a abandonar la contienda.
Las autoridades de Estados Unidos también señalan que el exsecretario participó en la colocación de perfiles afines en distintas áreas de la administración estatal para facilitar protección institucional a las operaciones del grupo delictivo.
Mientras tanto, el caso de Gerardo Mérida Sánchez avanzó con mayor rapidez. El general retirado fue detenido el pasado 11 de mayo tras ingresar voluntariamente a territorio estadounidense por Arizona, según confirmaron autoridades del Gabinete de Seguridad.
Mérida Sánchez enfrenta acusaciones por presuntamente recibir sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de brindar protección a las actividades ilícitas de la organización criminal. Tras su captura fue trasladado a Nueva York, donde continuará el proceso judicial en su contra.
El pasado 1 de mayo, la Fiscalía General de la República informó que no procedería con las solicitudes de detención provisional promovidas por Estados Unidos, al considerar que no existían elementos suficientes para justificar la urgencia de dichas medidas.
Funcionarios de la Fiscalía Especializada de Control Competencial explicaron que las peticiones enviadas por autoridades estadounidenses correspondían a mecanismos preventivos y no a solicitudes formales de extradición.
