La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para modificar la fecha de la segunda elección judicial, prevista en 2027, y trasladarla a 2028. El anuncio se realizó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde explicó los motivos de la propuesta y los ajustes que implicaría.
La mandataria señaló que la sugerencia provino de la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien advirtió la complejidad de organizar la elección en 2027 debido al número de cargos que se renovarán ese año. “Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección judicial al 2028, con algunas características especiales”, expresó Sheinbaum.
Según la presidenta, el criterio principal no fue el costo, sino la operación electoral. En 2027 se prevé la renovación de gubernaturas en 17 estados, además de elecciones para diputados, congresos locales y gobiernos municipales. De mantenerse la elección judicial en esa fecha, los ciudadanos tendrían que votar en casillas distintas, lo que complicaría el proceso.
Luisa María Alcalde detalló que, de aprobarse la reforma, la jornada electoral se realizaría el domingo 4 de junio de 2028. En esa elección se renovarían cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito y, en los poderes judiciales locales, 424 magistrados y 2,831 jueces en 25 entidades federativas.
La iniciativa contempla reducir el número de candidaturas: las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasarían de 81 a 54; las del Tribunal de Disciplina Judicial, de 45 a 30; y las del Tribunal Electoral, de 63 a 42. También se busca simplificar la papeleta electoral para que cada ciudadano vote por un juez y un magistrado por especialidad, entre postulados y quienes busquen reelegirse.
El proyecto plantea crear una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, encargada de verificar requisitos y homologar criterios de evaluación, incluyendo exámenes de conocimientos. Además, se prevé que la elección de 2028 pueda coincidir con una eventual revocación de mandato y que se realice en las mismas casillas que las elecciones ordinarias, sin intervención de partidos.
